La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, advirtió la noche de este sábado que la investigación por el presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa) podría ampliarse a otras personas o entidades, al señalar que el Ministerio Público “apenas está comenzando” esta nueva etapa del proceso.
“Hast? el momento son personas físicas, pero como ustedes saben nuestras investigaciones suelen ampliarse y apenas estamos comenzando”, declaró Ortiz luego de que el Ministerio Público depositara la solicitud de medida de coerción contra 25 personas.
El expediente, de 525 páginas, fue presentado a las 11:55 de la noche ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra los imputados y que el proceso sea declarado complejo.
Ortiz explicó que entre los sometidos figuran médicos, otras personas vinculadas al sector salud, empleados de Senasa y personas que presuntamente se asociaron con ellos para ejecutar las maniobras investigadas.
“Hemos presentado medidas de coerción contra 25 personas, entre ellas médicos, personas vinculadas al sector salud, empleados del Senasa y personas que se coludieron con ellos para la realización de esta estafa contra esta entidad y contra el pueblo dominicano, porque el dinero del Seguro Nacional de Salud son fondos públicos, es dinero del pueblo”, afirmó.
La procuradora señaló que esta constituye la tercera operación derivada de las distintas líneas de investigación abiertas por el Ministerio Público sobre la presunta sustracción de recursos de Senasa.
“El Ministerio Público había advertido anteriormente que en el proceso Cobra había distintas líneas de investigación, distintas formas en las que se defalcó el dinero del Seguro Nacional de Salud. Lo que hemos depositado en la noche de hoy es otra evidencia de esto”, expresó.
Irregularidades en el sistema
Ortiz explicó que la mayoría de los nuevos imputados presuntamente facturaba y cobraba a Senasa por pacientes y procedimientos médicos que no habían sido realizados.
Según la titular de la Pepca, estas operaciones no solo provocaban la salida irregular de recursos de la aseguradora estatal, sino que también reducían la cobertura disponible para los afiliados cuyos datos eran utilizados.
“Esto no solamente drenaba los fondos del Senasa, sino que también afectaba la cobertura que cada uno de estos pacientes tenía sobre el seguro, pues consumía cuotas del dinero que el seguro acreditaba en sus pólizas”, explicó.
Ortiz sostuvo que el impacto de las maniobras investigadas trascendía el perjuicio económico causado a la institución.
“O sea, no solamente se trata de la estafa al Senasa, sino también de cómo esto afectó de manera directa la salud de más de 7 millones de dominicanos que usan como seguro médico el Seguro Nacional de Salud”, afirmó.
De acuerdo con las informaciones recopiladas durante la investigación, entre las irregularidades atribuidas al entramado figuran cobros por consultas, procedimientos y medicamentos no suministrados, doble facturación, utilización de sellos médicos falsos y adulteración de estados financieros.
Las autoridades también han identificado casos de afiliados masculinos a quienes aparecían registradas consultas ginecológicas que, al ser contactados, negaron haber recibido.
Detalles de los arrestos
Durante los operativos iniciados en la madrugada del viernes, el Ministerio Público había informado inicialmente del arresto de 28 personas.
La solicitud de medida de coerción presentada la noche del sábado incluye a 25 imputados.
Los arrestos se produjeron durante 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, con la participación de 45 fiscales y unos 200 agentes de la Policía Nacional.
Durante los operativos fueron ocupados dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes, según informó el Ministerio Público.
El depósito del expediente se produjo después de dos jornadas de interrogatorios a los detenidos. Solo durante este sábado, entre 13 y 15 de ellos fueron interrogados durante más de ocho horas.
Con la presentación de la solicitud, corresponde ahora a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional fijar la fecha y hora para conocer la medida de coerción.
“Esperaremos ahora que el tribunal fije la audiencia y estaremos listos para conocer de la medida de coerción”, dijo Ortiz.