La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva a un abogado y una mujer, acusados por el Ministerio Público de trata de personas, abuso sexual de menores y delitos de alta tecnología.
Los imputados son Andrés Acosta Vargas y Franyely Franchesca Peralta Guzmán.
De acuerdo con el expediente, la investigación comenzó el 26 de octubre de 2026, luego de que el padre de una adolescente de 17 años denunciara que su hija había sido trasladada desde Esperanza, provincia Valverde, hasta Santiago, bajo la promesa de que adquiriría experiencia práctica en una oficina de abogados durante sus días libres de clases.
Sin embargo, según la acusación, la adolescente fue llevada a la residencia de Acosta Vargas, donde presuntamente era obligada a mantener relaciones sexuales con diferentes hombres a cambio de dinero.
El Ministerio Público atribuye a Peralta Guzmán la responsabilidad de trasladar a la adolescente desde Valverde hasta Santiago, mientras que el abogado supuestamente coordinaba los encuentros sexuales y los grababa.
Investigación y víctimas
Las investigaciones, dirigidas por el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, establecen que los imputados contactaban a adolescentes de entre 13 y 17 años, a quienes ofrecían dinero en efectivo y regalos para que participaran en encuentros sexuales.
El expediente también señala que el abogado presuntamente se escondía en un armario para grabar los encuentros sexuales.
- Durante las pesquisas, las autoridades identificaron al menos a tres víctimas de esta presunta estructura criminal, entre ellas adolescentes de 13, 14 y 17 años.
En el caso de la adolescente de 17 años trasladada desde Valverde, las evaluaciones ginecológicas forenses practicadas el 27 de octubre confirmaron que se encontraba embarazada.
Medidas judiciales
Como parte de las diligencias, el tribunal autorizó el anticipo de pruebas de las víctimas menores de edad y de otra adolescente que figura como testigo, con el propósito de preservar sus declaraciones y evitar que tengan que comparecer reiteradamente ante los tribunales.
También dispuso el levantamiento de evidencias forenses y la extracción de información de los teléfonos celulares ocupados durante la investigación.
Los imputados cumplirán los tres meses de prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, respectivamente, en Santiago.