La solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público en el marco de la Operación Onco14 describe una presunta estructura criminal que, según las investigaciones, operó durante años dentro del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao, utilizando diversas modalidades para desviar recursos destinados a la atención de pacientes oncológicos.

El expediente de solicitud de medida de coerción, cuya audiencia fue aplazada hasta el próximo martes 23 de junio, sostiene que los imputados Héctor Antonio Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez y Luisa Yasiris Guzmán de Lora integraban una organización que habría tomado control de la entidad para beneficiarse económicamente de fondos públicos y privados vinculados al tratamiento del cáncer.

De acuerdo con la acusación, una de las principales características de la estructura consistía en la supuesta cooptación del Patronato con la finalidad de aprovechar sus recursos económicos para beneficio personal, colocando intereses particulares por encima de las necesidades de los pacientes.

Detalles de la estructura criminal

El Ministerio Público afirma que la institución fue manejada como una “empresa familiar”, vinculando a miembros de una misma familia en áreas clave de administración y control financiero.

La investigación sostiene que la organización habría identificado como objetivo principal los recursos provenientes de Senasa, entidad que financia tratamientos de miles de pacientes de escasos recursos.

Según la acusación, la estructura buscaba captar y desviar parte de esos fondos mediante mecanismos de facturación y cobro considerados irregulares.

Uno de los aspectos que llama la atención en el expediente es la alegada transferencia del control de la facturación de las aseguradoras hacia una firma privada vinculada a una de las imputadas.

Para los fiscales, esa decisión permitió canalizar recursos del Patronato hacia intereses particulares.

La solicitud también describe la creación de un supuesto “Departamento de Cambio de Indicaciones Médicas”, cuya función habría sido modificar órdenes médicas y generar facturaciones consideradas fraudulentas contra Senasa.

Los investigadores afirman que, para sustentar ese esquema, se utilizaron sellos de diferentes especialistas y formularios previamente firmados, permitiendo emitir indicaciones sin que los médicos correspondientes evaluaran a los pacientes.

Otro de los señalamientos más delicados incluidos en el expediente se refiere al manejo de medicamentos donados.

El Ministerio Público sostiene que se prohibía entregar gratuitamente a los pacientes medicamentos recibidos mediante donaciones o proporcionados por visitadores médicos, con el argumento de que debían ser comercializados a través de la farmacia del centro.

La acusación agrega que medicamentos de alto costo utilizados en quimioterapia habrían sido vendidos y que algunos productos terminaron venciendo sin ser entregados a pacientes que los necesitaban.

Asimismo, los fiscales alegan que existían prácticas de doble facturación de medicamentos, así como el suministro de dosis incompletas mientras se cobraba a Senasa el valor correspondiente a dosis completas.

Impacto en pacientes y manejo irregular de recursos

Según la investigación, también se facturaban medicamentos biológicos originales mientras los pacientes recibían alternativas genéricas de menor costo, generando supuestamente diferencias económicas a favor de la estructura investigada.

El expediente incluye además acusaciones relacionadas con la disponibilidad de habitaciones para pacientes con cáncer.

Los fiscales sostienen que se produjo una privatización irregular de áreas de internamiento, reduciendo la capacidad de respuesta del centro para pacientes oncológicos.

Incluso, una habitación destinada originalmente a estos pacientes habría sido reservada para personas sometidas a cirugías estéticas realizadas en el instituto.

Para el Ministerio Público, estas actuaciones forman parte de un patrón de conducta que afectó simultáneamente al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, a Senasa y a pacientes de las 14 provincias de la región del Cibao que reciben atención en el principal centro oncológico del norte del país.

La acusación también sostiene que los recursos obtenidos mediante estas operaciones fueron posteriormente incorporados al sistema financiero, configurando presuntos actos de lavado de activos.

Los fiscales solicitaron la imposición de medidas de coerción contra los tres imputados y la declaratoria de complejidad del proceso.