Aunque un tribunal dictó un auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros acusados de participar en una presunta estafa contra el Estado dominicano, unos 35 implicados en el proceso deberán responder a las acusaciones en un juicio de fondo.
La decisión fue adoptada por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, quien determinó que las imputaciones atribuidas a 35 de los 40 procesados, entre ellos 23 personas físicas y 12 empresas, guardan correspondencia con los hechos descritos por el Ministerio Público (MP).
En ese sentido, sostuvo que existen elementos suficientes para que los cargos sean debatidos en la etapa de juicio de fondo. Según el órgano persecutor, la estructura habría operado mediante acuerdos fraudulentos relacionados con expropiaciones de terrenos y cesiones de créditos, a través de los cuales se gestionaban pagos estatales presuntamente irregulares.
De acuerdo con la institución, parte de esos recursos habrían sido destinados al pago de sobornos, al ocultamiento de beneficiarios reales y al financiamiento de actividades políticas.
Entre los principales enviados a juicio figuran el exministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz; el excontralor general de la República, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana; el exdirector ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo McCabe; y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña Peña.
También la exdirectora de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda, Princesa Alexandra García Medina; y el exasesor legal de Hacienda, Aldo Antonio Gerbasi Fernández. Además enfrentarán juicio los abogados y particulares Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa y Roberto Santiago Moquete.
Asimismo, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Julián Omar Fernández Figueroa, Omar Manuel Miqui Arias, Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Juan Tomás Polanco Céspedes, Manuel Milcíades Morilla Soto, Manuel Milcíades Morilla Gil y Agustín Mejía Ávila.
En cuanto a las empresas vinculadas al presunto entramado de corrupción, la jueza Altagracia Ramírez dictó auto de apertura a juicio contra las siguientes entidades:
-
Miqui Trade, S.R.L.
-
Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L.
-
Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L.
-
Brimart Comercial BM, S.R.L.
-
Bribae Dominicana, S.R.L.
-
Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L.
-
Inmobiliaria Santa Bárbara, S.R.L.
-
Desarrollos Rurales, S.R.L.
-
Ángel Lockward & Asociados, S.R.L.
-
Fundación de Estudios Económicos y Políticos, Inc.
-
Financiamiento de Papeles de Créditos, S.R.L.
-
Intercaribe Mercantil, S.A.S.
Razones de la decisión
En la resolución de más de 3,400 páginas, la magistrada Altagracia Ramírez sostuvo que, tras analizar el relato fáctico, las pretensiones probatorias y la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, las imputaciones formuladas contra el exministro Ángel Donald Guerrero Ortiz podrían configurar los tipos penales atribuidos, por lo que admitió la calificación jurídica para que sea debatida en juicio.
En el caso de Mabel Sahina Mejía Cintrón, el Ministerio Público le atribuye haber sido beneficiaria de contratos de cesión de créditos vinculados a la supuesta estructura criminal.
Según la acusación, habría participado en operaciones destinadas a ocultar bienes obtenidos mediante sobornos y utilizado empresas para movilizar fondos de origen ilícito. En ese sentido, la jueza consideró que los hechos descritos podrían configurar asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno y lavado de activos.
- Con relación a Claudio Silver Peña Peña, exdirector de Catastro Nacional, el Ministerio Público sostiene que participó en una alegada estructura que realizó tasaciones sin sustento técnico para justificar pagos por expropiaciones por encima del valor real de los terrenos.
La decisión indica que las pruebas permiten debatir en juicio imputaciones relacionadas con asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, concusión, uso de documentos falsos, soborno, financiamiento ilícito de campañas políticas y lavado de activos.
Con respecto a Marino Enrique Cabrera Ramón, la magistrada consideró que existen elementos para conocer en juicio la acusación de que habría firmado cesiones de crédito ficticias para canalizar sobornos presuntamente destinados a la estructura investigada y al financiamiento político.
En su caso se mantuvieron los cargos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, uso de documentos falsos, soborno y lavado de activos.
Sobre Manuel Milcíades Morilla Soto y Manuel Milcíades Morilla Gil, padre e hijo, acusados de haber recibido pagos por expropiaciones sin ser los legítimos beneficiarios y de participar en una red que presuntamente utilizó esos recursos para financiar actividades políticas, la jueza determinó que los hechos atribuidos permiten discutir en juicio cargos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, uso de documentos falsos y lavado de activos.
- En el caso de Nathaly Hernández Guzmán, empleada del Senado de la República, el tribunal concluyó que existen elementos para juzgarla por presuntamente actuar como testaferro en la recepción de fondos provenientes de pagos por expropiaciones.
Sin embargo, la jueza excluyó de su expediente las imputaciones de uso de documentos falsos y soborno, al entender que los hechos narrados por el Ministerio Público no sustentan esas acusaciones específicas. Permanecen, no obstante, los cargos relacionados con asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, concusión, estafa contra el Estado y lavado de activos.
De igual forma, sobre Alejandro Antonio Constanzo Sosa, la magistrada indicó que la acusación sostiene que presuntamente participó en cesiones de crédito fraudulentas, usurpación de derechos sobre terrenos declarados de utilidad pública y movilización de fondos de origen ilícito.
Por ello, se mantuvieron los cargos de uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno y lavado de activos.
- En el caso de Luis Miguel Piccirillo McCabe, exdirector del CEA, acusado de coaligarse con otros funcionarios para ejecutar operaciones fraudulentas en la compra de terrenos y beneficiarse de sobornos derivados de esos procesos, la jueza sostuvo que los hechos descritos por el Ministerio Público permiten discutir en juicio delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, concusión, financiamiento ilícito de campañas políticas, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Con relación a la empresa Intercaribe Mercantil, S.A.S., fue enviada a juicio por presuntas violaciones a la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y a la Ley sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.