La educación especial ha recibido, en promedio, menos del 0.35 % del presupuesto total del Ministerio de Educación entre 2014 y 2025, pese a que atender a estudiantes con determinadas discapacidades puede costar hasta 35 veces más que educar a un alumno regular.
El contraste aparece en un diagnóstico publicado este año por el Ministerio de Educación (Minerd), que analiza tanto la evolución del gasto como el costo de los apoyos requeridos por estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).
Aunque la inversión aumentó durante los últimos cuatro años del período analizado, el documento muestra una trayectoria marcada por fuertes variaciones y una participación reducida dentro del presupuesto general del ministerio.
En 2014, la educación especial representó 1.14 % del presupuesto del Minerd, impulsada por una ejecución de 1,212.2 millones de pesos vinculada principalmente a la compra de equipos tecnológicos.
Un año después, el gasto cayó 88.81 %, hasta 135.7 millones, y su participación se redujo a 0.12 %. Tras nuevas disminuciones entre 2016 y 2018, la inversión creció 312.29 % en 2019 y 28.96 % en 2020. En 2021 volvió a contraerse 12.25 %, en un período afectado por la pandemia.
Desde 2022, el gasto retomó una tendencia ascendente: aumentó 11.44 % ese año, 14 % en 2023, 56.97 % en 2024 y 51.19 % en 2025. Parte del incremento de 2024 se relaciona con la incorporación del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) al Ministerio de Educación como unidad ejecutora.
En el período completo, el programa presupuestario de servicios de educación especial registró una variación interanual promedio de 32.67 %, pero ese indicador oculta la inestabilidad de la inversión. Los aumentos recientes parten de años con asignaciones reducidas y no han alterado sustancialmente el peso de la educación especial dentro del presupuesto global del Minerd.
Costos muy superiores
La baja participación presupuestaria contrasta con el costo que implica garantizar una atención adecuada. Según el diagnóstico, la sordoceguera y la discapacidad múltiple representan el nivel de mayor complejidad, con un costo promedio estimado de 4,607,449.73 de pesos por estudiante, equivalente a 34.9 veces el costo regular.
Le sigue la discapacidad físico-motora, con un costo promedio de 4,352,575.14 pesos por estudiante, unas 33 veces el costo regular.
El diagnóstico atribuye estos montos a la necesidad de contar con una atención integral y altamente especializada, que incluye docentes de apoyo, terapeutas, acompañantes, tecnologías de comunicación y movilidad, adecuaciones de accesibilidad, mobiliario adaptado y equipamiento terapéutico.
En las condiciones de mayor complejidad, el personal especializado representa entre el 80 % y el 90 % del costo total, según el documento.
Costos para TEA y discapacidad intelectual
El segundo grupo identificado por el estudio está integrado por estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y discapacidad intelectual, cuyos costos también superan ampliamente el gasto asociado a un estudiante regular.
Para los alumnos con TEA, el costo promedio estimado es de 1,203,514.23 pesos, equivalente a 9.85 veces el costo regular, mientras que para aquellos con discapacidad intelectual asciende a 986,823.55 pesos, unas 8.26 veces.
En el caso de la discapacidad auditiva, el costo promedio alcanza 638,368.82 pesos, equivalente a 5.7 veces el costo regular.
El informe señala que, en otras condiciones como la discapacidad auditiva, visual y las altas capacidades, la estructura del gasto tiene una mayor participación de equipamiento y materiales y una menor incidencia del personal especializado.
Estos resultados llevan al Minerd a plantear que la educación inclusiva no debería financiarse mediante un esquema uniforme, sino a partir de la complejidad de cada condición, la intensidad de los apoyos requeridos y la estructura de costos que implica la atención de cada estudiante.
La mayor parte de estos estudiantes está en las escuelas públicas
El diagnóstico identifica 21,626 estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) durante el año escolar, de los cuales 17,992, es decir más del 83 %, estaban matriculados en el sector público.
La mayor cantidad corresponde a estudiantes con discapacidad intelectual, con 7,284 casos, seguidos por aquellos con Trastorno del Espectro Autista, con 3,640, y discapacidad visual, con 2,358.
- La matrícula también muestra una diferencia por sexo: los estudiantes masculinos representan cerca del 63 %, con 11,309 alumnos frente a 6,683 mujeres.
La concentración de estos estudiantes en el sistema público coloca al Estado como el principal proveedor de los servicios educativos requeridos por esta población, precisamente en un escenario en el que las necesidades de apoyo pueden representar costos muy superiores a los de la educación regular.