El hacinamiento de personas detenidas de manera preventiva en destacamentos de Santo Domingo Este (SDE) en vez de mejorar se agravan, especialmente en los casos de violencia de género, por la falta de traslado oportuno de los imputados a los tribunales, incumpliéndose así el plazo legal de las 48 horas.

Cuando finalmente se logra llevar a los privados de libertad ante un juez, “dos semanas, tres semanas, hasta un mes” tras el arresto, ocurre que, si se dicta prisión preventiva, empieza otro proceso que puede prolongarse por otro mes más, como consecuencia de los  trámites burocráticos que retrasan la entrega del preso a la penitenciaría que ordena el magistrado. 

La alarma sobre lo que ocurre con el destacamento de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este, llevó a la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) a someter un recurso de inconstitucionalidad sobre lo que ocurre en ese cuartel.

Sin embargo, la problemática no solo se limita al de la Unidad de Violencia de Género, de la calle Puerto Rico, también se extiende al de Felicidad, ubicado en el sector con ese mismo nombre, así como el del ensanche Ozama, y “otros de zonas aledañas”.

Así lo detalla a Diario Libre la defensora pública, Winie Adames.

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La información fue corroborada por Roberto Santana, titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios  (Dgspc), que aclara que a esa institución le corresponde solo gestionar las condiciones de los detenidos cuando ya existe una resolución del juez, sobre coerción o una condena.

Explica que las cárceles deben ser notificadas por escrito sobre la decisión del tribunal. Agrega que los detenidos que llegan a los destacamentos y los que están esperando una resolución del juez se juntan porque una vez el magistrado emite su decisión verbalmente, en lo que se elabora de manera escrita y se notifica a la Dgspc “tarda dos, tres y cuatro semanas y las personas se pasan un mes y a veces hasta dos meses esperando” a ser trasladadas al lugar en donde determinó el Poder Judicial.

Asimismo, Adames atribuye a una “falta de logística del Ministerio Público” que no lleva desde los destacamentos al conocimiento de las medidas de coerción a los arrestados, pero que también el Poder Judicial es responsable “porque cuando sucede eso debe de darse como no presentadas las medidas. 

Sin embargo, el tribunal suspende recurrentemente para finalmente, “como quiera”,  imponer la coerción, “aunque ya se ha violado el derecho al plazo razonable que son las 48 horas”.

Otra de las causas que, según la abogada pública, empeora la situación de detenciones y carcelarias es que la prisión preventiva “es la medida por elección de los jueces”.

No están diseñadas para reclusiones prolongadas

El recurso de amparo de la ONDP se interpuso luego de que esa institución comprobara que 85 personas permanecían recluidas en el espacio de la Unidad de Violencia de Género, destinado únicamente para detenciones temporales.

De los detenidos, 27 esperaban el conocimiento de medidas de coerción o diligencias procesales ante el Ministerio Público, mientras que otros 58 ya contaban con medidas de coerción impuestas por los tribunales, pero seguían en el destacamento como consecuencia de  retrasos en su traslado hacia los centros penitenciarios correspondientes.

La Defensa Pública sostuvo que esta situación refleja deficiencias en el sistema de traslados penitenciarios, lo que provoca que personas permanezcan durante días o semanas en instalaciones policiales que no están diseñadas para albergar internos de manera prolongada.