Mientras el Ministerio Público deja saber que prepara una versión 3.0, los acusados del caso Senasa 2.0 comenzaron su periplo en la justicia dominicana.
Ayer, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para este miércoles, a las 2:00 de la tarde, el conocimiento de la medida de coerción contra los 26 imputados de esta nueva fase de la investigación por presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El Ministerio Público señala en su expediente de 525 páginas, en el que solicita 18 meses de prisión preventiva, que el nuevo desfalco asciende a 41.1 millones de pesos entre enero de 2021 y febrero de 2025.
En ese período se aprobaron 4,363 autorizaciones de consultas y procedimientos médicos facturados a nombre de afiliados que no los solicitaron y que fueron aprobados por una red que involucra a médicos, empleados y exempleados de Senasa y otras personas vinculadas al sector salud.
Modus operandi
El mecanismo descrito por el Ministerio Público parte de la utilización de información real de afiliados de Senasa. Según la acusación, integrantes del grupo obtenían los datos, solicitaban autorizaciones para consultas o procedimientos y posteriormente reclamaban el pago a la aseguradora estatal, aunque los servicios no hubieran sido realizados.
Los fiscales del Ministerio Público también sostienen que el esquema también afectaba directamente a los afiliados porque las reclamaciones consumían parte de la cobertura disponible en sus pólizas.
-
Angeury Guzmán Vásquez (hermano de Ángel Luis Guzmán Vásquez)
-
Heidy Coronado Paulino, empleada Senasa
-
Supervisor de Servicios a Usuarios, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova
-
Lucreisy Polanco Núñez
-
Einstein Rafael Borromé Valdez
-
Juan Henry Poueriet
-
Hanna Rashell Rodríguez Almánzar
-
Luz Esther Reyes Durán de Ramírez
-
Edwin Alberto Batista Cruz
-
José Luis Díaz Hernández
-
Carlos Job Ynoa Olivero
-
Guillermo Enrique Dicló Garabito
-
Griselda Altagracia Basora Ramírez
-
Juan Gabriel Rodríguez Ravelo
-
Martha María Saldaña Saldaña
-
Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez
-
Engels Federico Díaz Mendoza
-
Keila Beatriz Acosta Leonardo
-
Rafael Mauricio Cabral González
-
Laura Altagracia Santana Evangelista
-
Víctor Felipe Rodríguez García
-
Wander Manuel Díaz Encarnación
-
Yocaira Antonia Méndez Beltré
-
Marcelino Eusebio Figuereo
-
Ray Ernesto Mercedes Lugo
Nota: el imputado número 26, incluido ayer, no fue identificado.
Las irregularidades detectadas
Entre las irregularidades descritas aparecen expedientes clínicos que, según la acusación, fueron confeccionados con datos personales de afiliados que nunca recibieron las consultas o procedimientos registrados.
También se señalan firmas falsificadas y el uso de sellos médicos. En uno de los casos citados por el Ministerio Público, incluso aparecieron consultas ginecológicas registradas a nombre de hombres que negaron haberlas recibido.
La investigación identifica además a empleados de Senasa que, según la acusación, habrían facilitado el acceso a información confidencial o intervenido en la agilización de pagos.
Entre los señalados está Ángel Luis Guzmán Vásquez, quien se desempeñó como auxiliar de Autorizaciones Médicas y es considerado por el Ministerio Público uno de los principales articuladores de esta línea. Fue detenido en abril cuando intentaba salir del país y actualmente cumple prisión preventiva.
Su hermano, Angeury Guzmán Vásquez, figura entre los nuevos imputados. El abogado de ambos, Billy Gerónimo, declaró que sus representados están dispuestos a cooperar con el Ministerio Público y que Ángel Luis está “presto a llegar a cualquier tipo de solución alterna”.
La acusación también menciona a la esposa y a los padres de Ángel Luis, aunque estos no están detenidos.
El antecedente
La nueva fase se suma al proceso abierto en diciembre de 2025 contra el entonces exdirector ejecutivo de Senasa, Santiago Hazim, y otras nueve personas.
En ese expediente, el Ministerio Público atribuye a una estructura vinculada con la pasada administración de la ARS estatal un presunto perjuicio superior a RD$15,900 millones.
La acusación incluye, entre otras modalidades, contrataciones y facturaciones irregulares, sobornos, programas especiales sin sustento jurídico y manipulación de estados financieros.
En diciembre, el juez Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva a Hazim y otros seis imputados y declaró el caso complejo.
A otros tres acusados les fueron impuestas medidas menos gravosas luego de que, según el Ministerio Público, colaboraran con la investigación.
Las líneas alrededor de Senasa
El propio Ministerio Público ha explicado que la investigación sobre Senasa no corresponde a un único caso de presunta corrupción.
Además del caso de Hazim y los especialistas sometidos en Senasa 2.0, también está el caso Onco14 que llevó las pesquisas hasta el Instituto Oncológico Regional del Cibao y el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
Sobre este expediente, el Ministerio Público sostiene que se modificaban indicaciones médicas para agregar estudios y procedimientos y elevar las facturaciones a Senasa.
El Ministerio Público advirtió que la investigación puede ampliarse a otras personas o entidades. “Hasta el momento son personas físicas”, dijo la titular de la Pepca, Mirna Ortiz antes de agregar que las investigaciones “suelen ampliarse” y que “apenas estamos comenzando”.Wilson Camacho, director de Persecución, también publicó en X un mensaje compuesto por “3.0” y varios emojis relacionados con una maquinaria, una ambulancia, un reloj de arena y la justicia. El funcionario no mencionó directamente a Senasa ni explicó el significado de la publicación, aunque esta se produjo después del depósito del expediente y de las declaraciones de Ortiz sobre la continuidad de las investigaciones. Por ahora, el proceso que comienza a llegar a los tribunales tiene 26 imputados y una acusación de 525 páginas. Pero las declaraciones de los fiscales dejan planteado que el caso no necesariamente representa el último capítulo de las pesquisas sobre Senasa. La próxima etapa inmediata será la audiencia de mañana miércoles 23 de septiembre, en la que el tribunal deberá conocer la solicitud de medida de coerción contra los acusados.