El Seguro Nacional de Salud (Senasa) aparece en tres expedientes distintos unidos por una misma tesis del Ministerio Público: grupos diferentes habrían encontrado maneras de extraer recursos de la ARS estatal desde la administración, los prestadores de salud y hasta el acceso directo a los datos de los afiliados.
La investigación principal, donde el exdirector del Senasa Santiago Hazim, apunta hacia contratos, proveedores, sobornos, programas especiales y manipulación financiera; Onco14 trasladó las pesquisas hacia el manejo de pacientes, medicamentos y recursos del Instituto Oncológico Regional del Cibao; y Cobra 2.0-A se concentra en el uso de datos reales de afiliados para cobrar consultas y procedimientos que, según la Fiscalía, nunca fueron realizados.
La imagen que dejan los expedientes es la de un Senasa convertido, presuntamente, en una fuente de dinero accesible desde distintos puntos del sistema, una especie de gallina de los huevos de oro de la corrupción.
El caso principal: contratos, sobornos y manipulación
La primera Operación Cobra colocó el foco en la Dirección Ejecutiva de Senasa durante la gestión de Santiago Hazim.
El Ministerio Público sostiene que desde la institución se instaló un sistema que combinó sobornos, contrataciones y facturaciones irregulares, programas especiales sin sustento jurídico y adulteración de estados financieros.
A pesar de que se han dado diversas cifras del impacto de los actos de corrupción se ha establecido que serían al menos RD$15,921 millones. El mismo expediente atribuye aproximadamente RD$2,881 millones a recursos que habría recibido Hazim mediante distintos componentes de la estructura investigada.
Otro de los componentes examinados corresponde a empresas vinculadas al programa Nutrimed. De acuerdo con el Ministerio Público se habrían expedido pagos contractuales superiores a RD$4,074 millones entre 2021 y 2023 y aproximadamente RD$1,165 millones en presuntos sobornos asociados a esa vertiente.
Durante la audiencia de coerción de diciembre, la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, dijo que tres imputados habían reconocido haber pagado sobornos a miembros de Senasa, incluido su exdirector. En ese momento, el Ministerio Público situaba en alrededor de RD$2,000 millones los sobornos que afirmaba tener identificados.
Onco14: pacientes, medicamentos y doble facturación
La segunda gran línea llevó la investigación hasta el Instituto Oncológico Regional del Cibao y el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
En ese expediente, el Ministerio Público sostiene que existía un denominado Departamento de Cambio de Indicaciones Médicas, donde se modificaban órdenes para agregar estudios y procedimientos no prescritos originalmente y aumentar la facturación a Senasa.
La acusación también incluye uso de sellos de especialistas que no habrían evaluado a los pacientes, doble facturación, entrega incompleta y comercialización de medicamentos donados, contrabando mediante exoneraciones, utilización de habitaciones para cirugías estéticas, reembolsos de viajes y hoteles, sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
Wilson Camacho ha explicado que el Oncológico administró aproximadamente RD$3,700 millones procedentes de Senasa.
La cifra específica que el Ministerio Público atribuye como presuntamente desviada del Patronato y el Instituto Oncológico entre 2018 y 2025 asciende a RD$148.6 millones.
Cobra 2.0-A o Senasa 2.0: cobrar por pacientes que nunca fueron atendidos
La tercera línea muestra un mecanismo menos complejo: utilizar información verdadera de afiliados para presentar reclamaciones falsas.
Según el Ministerio Público, integrantes de la estructura tomaban datos de usuarios de Senasa, solicitaban autorizaciones para consultas o cirugías menores que esas personas no habían requerido, confeccionaban documentos médicos y posteriormente cobraban los servicios.
La orden judicial registra 4,363 autorizaciones por RD$41,125,551.02 entre enero de 2021 y febrero de 2025. Una vez realizado el pago, algunos médicos habrían entregado entre el 40 % y el 60 % de lo cobrado a integrantes de la estructura.
La investigación sostiene además que se seleccionaban afiliados con poco historial de utilización del seguro, lo que habría reducido las posibilidades de que detectaran reclamaciones realizadas a su nombre.
Cuando los fiscales localizaron a algunos de esos afiliados, estos dijeron que “no solicitaron, no firmaron, ni recibieron” los procedimientos registrados. Algunos demostraron que, a la hora en que supuestamente estaban siendo atendidos, se encontraban trabajando, en sus casas, fuera de la ciudad o incluso fuera del país.
Peritajes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses también concluyeron en varios casos que las firmas colocadas en los formularios no correspondían con las de los afiliados. Una auditoría detectó incluso consultas ginecológicas cargadas a hombres que negaron haber recibido esos servicios.
El dinero regresaba a la estructura
La Fiscalía sostiene que, después de cobrar, algunos médicos entregaban en efectivo o mediante transferencias entre un 40 % y un 60 % del dinero recibido.
Los investigadores identificaron movimientos financieros entre médicos y personas señaladas como integrantes del esquema. En una de las cuentas analizadas, Ángel Luis Guzmán Vásquez registró RD$64.87 millones en créditos consolidados, frente a RD$1.46 millones en salarios reportados por la Tesorería de la Seguridad Social durante el período examinado.
Senasa aparece así en los expedientes como una institución presuntamente explotada desde varios niveles: desde arriba, mediante decisiones administrativas y contratos; desde afuera, mediante prestadores, medicamentos y facturación; y desde adentro, mediante empleados o exempleados con acceso a información de afiliados y a los mecanismos de autorización.
La “gallina de los huevos de oro”, según la tesis que deberá probar el Ministerio Público, no estaba en un solo despacho ni dependía de una sola fórmula: estaba en los múltiples puntos desde los cuales era posible hacer que Senasa pagara.