La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, aseguró a los empresarios e industriales de la República Dominicana que “no hay nada que temer” respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas que establece el nuevo Código Penal. No obstante, les advirtió que es indispensable adoptar una cultura organizacional respaldada por programas de cumplimiento normativo que prevengan los riesgos penales y, de ocurrir estos, los denuncien.
Reynoso explicó que las personas jurídicas responden penalmente por los delitos cuando concurre el hecho punible y se evidencia una falla corporativa. Asimismo, aclaró que el espíritu de la ley no es disolver empresas, sino fomentar un entorno de competitividad más sano para evitar que las corporaciones sean utilizadas como fachada para cometer ilícitos.
“La empresa no es castigada por el delito del empleado individual, sino por el incumplimiento preventivo; por eso la norma preventiva es indispensable”, aseveró.
Durante su intervención en la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) sobre las nuevas disposiciones de las leyes 74-95 y 44-26 —especialmente en lo relativo a las sanciones y la responsabilidad penal empresarial—, la procuradora general afirmó que las autoridades están conscientes de que una economía sana requiere de empresas fuertes y marcos jurídicos claros, elementos indispensables para consolidar el Estado de derecho.
Manifestó la disposición del Ministerio Público de colaborar en la coordinación de programas de formación y capacitación “libre de costo”, con énfasis en derechos humanos, inclusión, y dotar de autonomía al órgano de control o a la directiva de las empresas.
Empresas penalizadas, vinculadas al crimen
Yeni Berenice Reynoso sostuvo que la gran mayoría de las compañías que han sido disueltas por orden judicial —cerca de 100 desde el 2020 a la fecha— son «empresas de carpeta» vinculadas al crimen organizado y creadas con el único fin de delinquir.
“No son las empresas que aportan impuestos, que generan riqueza o que crean fuentes de empleo”, aclaró la procuradora general.
Detalló que al investigar esas entidades ficticias lo primero que se evidencia es la evasión total: “No hay pago de impuestos” y “prácticamente no registran empleados” a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), al momento de hacérsele la inspección.
Elaboran instructivo general
La procuradora general también adelantó que elaboran un instructivo general que entrará en vigencia antes del 7 de noviembre cuando entra en vigencia la responsabilidad penal de las empresas, establecida en La Ley 44-26 que reforma la 74-95 del nuevo Código Penal.
La instrucción será una directriz en la que se le dirá a los fiscales cómo deben perseguir esos delitos, dijo.
Previo a la exposición de Reynoso, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, manifestó que con las nuevas normativas “no basta con manuales, códigos o protocolos”.
Se requiere identificar riesgos, establecer controles, capacitar al personal, disponer de mecanismos de denuncia, investigar posibles irregularidades y documentar adecuadamente los procesos, señaló Brache.
Consideró que, aunque supone nuevas responsabilidades, también representa una oportunidad para las empresas alcanzar una mejor gestión en cuanto a sus mecanismos internos de prevención y control.Entiende que se reducirán los riesgos, se protegerá la reputación y, finalmente, se generará mayor confianza entre trabajadores, clientes, proveedores e inversionistas.
Las empresas “necesitan un entorno institucional en el cual el cumplimiento sea valorado y la ilegalidad tenga consecuencias. La competencia debe producirse sobre la base de productividad, innovación, calidad y eficiencia; nunca sobre las ventajas de actuar al margen de la ley”, concluyó el presidente de la AIRD.