Tribunal extingue caso Antonio Carbone por vencimiento del plazo
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción del proceso penal seguido contra el inversionista Antonio Carbone, al amparo de las disposiciones combinadas del artículo 148 del Código Procesal Penal y el artículo 110 de la Constitución.
Estuvo en prisión bajo acusación de intento de homicidio contra su exempleado Fernando Arturo Báez Guerrero.
En un comunicado, la defensa afirmó que el italo-canadiense Carbone “se ha quitado un gran peso de arriba” después de responder durante nueve años a todos los requerimientos judiciales. “Hoy podemos decir que realmente es un hombre libre”, expresó su defensa.
Carbone reclamó la devolución de sus bienes
Antes de la decisión que extinguió el proceso penal, Carbone reclamó que la Procuraduría General de la República ejecutara las sentencias firmes del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que ordenaban devolverle sus propiedades.
- Aseguraba que el Estado lo despojó de forma ilícita y arbitraria de bienes valorados en más de 580 millones de dólares.
Los bienes incautados
Entre esos bienes mencionaba trece casinos, 198 bancas deportivas, 1,397 bancas de lotería, la franquicia El Gordo Iberoamericano Lotería Nacional, 108 vehículos y varios inmuebles. También afirmaba que esos negocios daban sustento a cientos de familias dominicanas.
Carbone decía haber adquirido legalmente esas propiedades y sostenía que fue víctima de “un entramado orquestado desde las más altas instancias del país” para despojarlo, incluso después de obtener decisiones favorables en los tribunales.
Sentencias pendientes de ejecución
En esas declaraciones, la defensa señalaba que la Procuraduría debía acoger la sentencia TC-0367-21 del Tribunal Constitucional, que revocó una decisión previa que avalaba el despojo. Carbone alegaba que, en su caso, se violaron más de 25 artículos de la Constitución y del Código Procesal Penal.
La Procuraduría no había informado si ejecutaría esa decisión. Ante esa ausencia de respuesta, Carbone advertía que acudiría a cortes internacionales si las órdenes constitucionales no se cumplían.
Señalamientos y acusaciones
Carbone también había señalado a 127 personas como parte de un entramado de asociación de malhechores y robo agravado. Afirmaba que solo Sergio Moya de la Cruz, alias Gory, mantenía en su poder bienes valorados en 50 millones de dólares.
En esas declaraciones públicas, Carbone atribuía el despojo a decisiones ocurridas durante el gobierno del expresidente Danilo Medina y aseguraba confiar en que las autoridades actuales “corregirían el entuerto”.