La República Dominicana cerró 2025 con una señal de alerta en el sector construcción. Colapsos estructurales, explosiones por fallas en instalaciones de gas y la suspensión de obras por incumplimientos a las normas de seguridad revelaron una problemática persistente: los vicios de construcción y la debilidad de la supervisión técnica especializada continúan teniendo consecuencias humanas, económicas y sociales.

Durante el año se registraron desplomes y fallas graves en edificaciones del Distrito Nacional, Santiago y La Romana. A estos hechos se sumaron explosiones vinculadas a instalaciones defectuosas de gas, como la ocurrida en una vivienda de Montellano, en Salcedo, que dejó varios heridos, incluido un recién nacido, y otra más reciente en una torre residencial del sector Villa Marina, en el Distrito Nacional, que provocó al menos cinco personas lesionadas.

Colapsos y explosiones que encendieron las alarmas

Para el arquitecto Edgar J. Martínez, exsecretario general del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) y especialista en Administración de la Construcción y Supervisión de Obras, estos eventos no pueden verse como accidentes aislados.

“Los vicios constructivos no son hechos fortuitos. Son el resultado de decisiones técnicas mal tomadas, ausencia de supervisión profesional y una cultura que ha normalizado la improvisación”, afirma.

Martínez explica que muchos de estos incidentes pudieron evitarse si se hubieran respetado los procesos constructivos establecidos y si cada etapa de la obra hubiese contado con profesionales especializados. “La supervisión técnica no puede seguir reducida a una simple observación visual. Se requiere una supervisión especializada por áreas: estructural, geotécnica, eléctrica, sanitaria y de seguridad contra incendios”, subraya.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/edgar-j-martinez-ad6ad20e.jpg

La respuesta institucional también puso en evidencia debilidades del sistema. En 2025, el Ministerio de Trabajo suspendió al menos 15 proyectos de construcción en el Distrito Nacional por violaciones a las normas de seguridad e higiene, al detectar riesgos directos para trabajadores y para el público en general. Sin embargo, para Martínez, estas acciones siguen siendo mayormente reactivas.

“Seguimos actuando después de la tragedia. La prevención real comienza en el diseño, en los cálculos, en la selección de materiales y en la supervisión continua en obra”, señala.

Vicios constructivos y ausencia de supervisión profesional

Los llamados vicios de construcción incluyen defectos estructurales, uso de materiales inadecuados, ejecución sin cálculos técnicos, modificaciones no autorizadas y el incumplimiento de normativas. Según el especialista, estos problemas suelen originarse en la presión por reducir costos, la informalidad y la delegación de responsabilidades técnicas en personal sin la formación requerida.

“En muchos casos, la responsabilidad de la ejecución termina recayendo en maestros de obra u obreros, sin el acompañamiento técnico que la ley exige”, advierte.

Martínez recuerda que el país cuenta desde hace décadas con el Reglamento General de Construcción del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, sustentado en la Ley 687-82, así como con disposiciones claras en el Código de Trabajo sobre seguridad y salud ocupacional. A esto se suma el nuevo Código de Construcción impulsado por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived).

“Las normas existen. El problema es que no se aplican ni se fiscalizan de manera sistemática”, afirma.

• A su juicio, el costo de esta falta de cumplimiento ya es demasiado alto. “Cada colapso y cada explosión no solo representan pérdidas humanas y económicas, sino un golpe a la confianza en todo el sector construcción”, dice.

El especialista considera que el país se encuentra ante una decisión impostergable. “La supervisión técnica especializada no es un gasto adicional, es una inversión en vidas humanas, en calidad y en sostenibilidad”, enfatiza. Para lograrlo, plantea la necesidad de un pacto de responsabilidad entre desarrolladores, contratistas, diseñadores, supervisores y autoridades.