La República Dominicana inicia el año 2026 con grandes desafíos, entre ellos el cumplimiento progresivo de la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, normativa que busca, entre otros objetivos, erradicar el problema de la basura en la sociedad.
Una de las disposiciones de esta ley —promulgada el 15 de diciembre por el presidente Luis Abinader— establece que las alcaldías y distritos municipales cuentan con un plazo de 36 meses para implementar la clasificación y separación de los residuos en el lugar donde se generan.
Esto implica que, en vez de mezclarla, los hogares, centros educativos y comercios deberán separar la basura en orgánica, inorgánica, peligrosa y reciclable, y entregarla de manera diferenciada a los camiones recolectores, responsables de su adecuado manejo. La clasificación desde la fuente facilitará el trabajo de las plantas de tratamiento.
El artículo 28 indica: “Se otorga un nuevo plazo máximo de treinta y seis meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley, para que los ayuntamientos y las juntas de distritos municipales promuevan la implementación progresiva de programas de separación en la fuente y la recolección selectiva de los residuos en todo el ámbito de su jurisdicción”.
Antes de ejecutar el proyecto, también será un desafío eliminar los cientos de vertederos improvisados formados por transeúntes en lugares de poca frecuencia en la recogida por parte de las alcaldías.
De cumplir con la medida, el país se uniría a las naciones que tienen este programa, algunas de forma obligatoria y otras voluntariamente.
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Asimismo, el artículo 4 establece que las alcaldías y juntas municipales deben aprobar las ordenanzas necesarias para la clasificación de la basura, las cuales deberán estar alineadas con el Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos.
Cultura de la separación
Mientras avanza el cronómetro, los gobiernos locales deberán desarrollar campañas educativas orientadas a fomentar la cultura de la recolección separada. Estas acciones forman parte del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos (PMGIR), un instrumento que cada alcaldía está obligada a elaborar y someter a la validación del Ministerio de Medio Ambiente.
Para apoyar este proceso, la ley dispone que, a partir del 1 de enero de 2026, las alcaldías y juntas de distritos municipales recibirán una asignación de 20 pesos por cada habitante, destinada al tratamiento de los residuos sólidos. Para estos fines se tomará como referencia el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022.
No obstante, está pendiente la emisión de un reglamento por parte del Poder Ejecutivo que defina el mecanismo de entrega de estos fondos. En el caso de las demarcaciones con una población de hasta 5,000 habitantes, recibirán una asignación mensual fija de 100,000 pesos.
La Ley 98-25 también establece que cada alcaldía debe promover entre la población el uso de fundas para residuos elaboradas con materia prima reciclada, como parte de las acciones para fortalecer la gestión sostenible de los desechos sólidos.
Datos del Ministerio de Medio Ambiente indican que el país genera cerca de 14,000 toneladas de residuos sólidos al día. En septiembre de 2025, el Gobierno lanzó la Hoja de Ruta de Acción por los Plásticos de la República Dominicana, cuyo objetivo es aumentar el volumen de plásticos reciclados de 23,000 a 136,000 toneladas, así como elevar la circularidad de los plásticos del 6 % registrado en 2022 al 53 % proyectado para 2040.