Las autoridades del distrito municipal de La Otra Banda, provincia La Altagracia, estarían violando la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (200-04) al establecer un cobro de 75 pesos por hoja para entregar documentos oficiales solicitados por los ciudadanos.

Según la denuncia de juristas y organizaciones sociales, la medida no cuenta con la aprobación legal correspondiente de la Junta de Vocales y del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Higüey. 

La disposición fue dada a conocer mediante un comunicado, firmado por la encargada de Libre Acceso a la Información Pública del cabildo, Emely Almonte García, con fecha del 6 de junio de 2025.  

En el documento, el ayuntamiento justifica el cobro alegando que se trata de una tasa para cubrir “los costos de búsqueda y materiales para brindar la información”, amparándose en el artículo 15 de la referida Ley. 

Sin embargo, juristas y organizaciones sociales han señalado que esta acción contradice lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de dicha ley, que garantizan el derecho de toda persona a acceder a la información pública de manera completa, veraz, oportuna, y que dicho acceso solo puede restringirse por razones de seguridad nacional, orden público, salud o privacidad, sin contemplar el cobro arbitrario de tarifas que no hayan sido debidamente aprobadas por los órganos correspondientes. 

Además, la Ley 176-07, que regula el Distrito Nacional y los municipios, establece en su artículo 82 que los distritos municipales no tienen facultad para crear arbitrios o tasas, lo que convierte en ilegal el cobro dispuesto por el cabildo. 

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Medida no ha sido sometida al Concejo de Regidores 

• Fuentes internas del ayuntamiento confirmaron que la medida no fue sometida ni aprobada por la Junta de Vocales del distrito ni por el Consejo de Regidores del municipio Higüey, lo que refuerza la denuncia sobre la ilegalidad del cobro impuesto a los ciudadanos. 

Ciudadanos y representantes de organizaciones comunitarias advirtieron que esta práctica podría convertirse en un mecanismo para obstaculizar el derecho fundamental a la información pública.