La defensa de Gonzalo Castillo concluyó el viernes sus alegatos con una exposición de alto peso documental, centrada en desmontar, punto por punto, los principales argumentos de la acusación del Ministerio Público (MP).

Así indica una nota de prensa enviada por la defensa de Gonzalo Castillo en la que señalan que durante varias horas, el equipo legal, integrado por Laura Acosta Lora, Luis Rivas Hirujo y Nassef Perdomo Cordero, sostuvo que la acusación carece de coherencia interna, viola plazos esenciales del proceso penal y se apoya en pruebas defectuosas o abiertamente manipuladas, lo que —a su juicio— invalida el caso incluso antes de entrar al fondo.

Los abogados insistieron en que todas sus afirmaciones están respaldadas por documentos oficiales, certificaciones judiciales, informes periciales y piezas incorporadas formalmente al expediente.

Desigualdad ante la ley

En el núcleo de la exposición, la defensa acusó al MP de falta de objetividad y selectividad investigativa, afirmando que el proceso fue dirigido contra personas previamente determinadas y no a partir de los hechos.

Según el alegato, se privilegió a determinados imputados mediante criterios de oportunidad y tratos favorables, convirtiéndolos en testigos centrales sin someter sus versiones a un contraste riguroso, mientras se ignoraban líneas de investigación que los comprometían directamente.

Esa práctica, sostuvo la defensa, rompe el principio de igualdad ante la ley y vacía de contenido la obligación constitucional de investigar tanto lo que incrimina como lo que exculpa.

Más pruebas defectuosas

Otro flanco que la defensa considera decisivo es el de la prueba pericial, a la que calificó de estructuralmente defectuosa.

Se denunciaron extracciones de celulares realizadas antes de contar con autorización judicial, informes con fechas alteradas, peritajes duplicados y peritos subordinados al propio MP, lo que —según los abogados— anula la independencia y credibilidad de esos medios probatorios.

En varios casos, añadieron, los documentos contradicen de manera frontal los testimonios que la acusación presenta como hechos, lo que refuerza la tesis de una investigación dirigida más a sostener un relato que a verificar la verdad.

En cuanto al fondo, la defensa insistió en que no existe prueba de financiamiento ilícito de campaña atribuible a Gonzalo Castillo.

Al concluir sus alegatos, la defensa planteó que el caso no solo debe evaluarse por lo que afirma, sino por lo que deliberadamente omitió investigar el Ministerio Público.

“No se trata de proteger a una persona, sino de defender las reglas del debido proceso”, insistieron, al advertir que normalizar investigaciones selectivas y pruebas defectuosas bajo el argumento de la lucha contra la corrupción termina debilitando el Estado de derecho.