Capotillo ha sido, durante décadas, uno de los símbolos más complejos de la desigualdad urbana en Santo Domingo. Para distintos gobiernos, este sector del Distrito Nacional ha representado un reto persistente, atravesado por la exclusión social, la violencia y una relación históricamente tensa con el Estado. Hoy, desde el discurso oficial, se habla de transformar su imagen; hace más de dos décadas, las páginas de Diario Libre lo retrataban como epicentro de protestas, muertes y desconfianza.
En agosto de 2025, el presidente Luis Abinader afirmó que el Gobierno busca “transformar la imagen de Capotillo”, apostando por una mayor presencia institucional y por intervenciones sociales orientadas a la recuperación del territorio y su integración a la ciudad formal. El planteamiento apunta a un quiebre con la estigmatización histórica del barrio.
Pero la memoria pesa, tanto como los registros de una hemeroteca. En la edición número 4 de Diario Libre, publicada en mayo de 2001, Capotillo ya figuraba como un referente de desigualdad, violencia y exclusión social, y como un foco recurrente de crisis para las autoridades. El martes 15 de mayo de ese año, el diario tituló en su apertura de actualidad: “Las protestas se reinician en el barrio de Capotillo”. La imagen mostraba una calle ocupada por militares.
En portada, una vía céntrica del sector, la Respaldo Josefa Brea, fue la fotografía principal, acompañada del titular: “Intervención de las FF. AA. en pesquisa de Capotillo ponía a Candelier en la cuerda floja”. En ese momento, el general Pedro de Jesús Candelier era jefe de la Policía Nacional y considerado un alto oficial de “mano dura”. El ambiente reflejaba un escenario dominado por la confrontación entre la comunidad y las fuerzas del orden.
Entonces, las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad del Estado asumieron el control de las investigaciones por la muerte de tres ciudadanos en el sector, a manos de agentes policiales. Dos de los fallecimientos ocurrieron durante la represión de protestas comunitarias que exigían justicia por la muerte de Rubén Darío Florentino Toribio, de 26 años, un caso que testigos calificaron como una “ejecución”.
La comisión designada por el presidente Hipólito Mejía estuvo encabezada por el teniente general José Miguel Soto Jiménez e integrada por altos funcionarios civiles y militares. A las reuniones se sumaron dirigentes comunitarios de Capotillo y familiares de las víctimas, incluidos los parientes de Marcos Ezequiel Olivares, de 16 años, y José Alejandro Morán, de 36, quienes murieron durante los incidentes. La presión social derivó en protestas sostenidas y en exigencias públicas de renuncia de Candelier.
Ese episodio condensó una dinámica que se repetiría con los años: operativos de fuerza, denuncias de abusos policiales, respuestas militarizadas y promesas de investigación que no lograban recomponer la confianza de la comunidad. Capotillo aparecía no solo como un problema de seguridad, sino como el reflejo de fallas estructurales más profundas en materia de derechos, oportunidades y presencia estatal efectiva.
Franklin Almeyda y Faride Raful
La narrativa de intervención y transformación no es nueva en la agenda política. Desde el Congreso, la exsenadora y actual ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se refirió en varias ocasiones a Capotillo como uno de los territorios donde el Estado debía ir más allá de los operativos policiales y apostar por políticas sociales sostenidas. En declaraciones recogidas por Diario Libre, Raful advirtió que la violencia y el control informal del territorio no podían enfrentarse únicamente con presencia militar, sino con educación, empleo y servicios básicos que redujeran la exclusión histórica del sector.
Antes, el entonces secretario de Estado de Interior y Policía durante ocho años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (2004-2012), Franklin Almeyda Rancier, también reconoció públicamente la complejidad del problema. En declaraciones a este diario, sostuvo que Capotillo representaba un desafío estructural para las autoridades, al tratarse de un barrio donde la pobreza, la informalidad y la debilidad institucional se habían acumulado durante décadas, lo que hacía insuficiente cualquier intervención limitada al plano represivo.
El impacto de Save The Children
Frente a ese cuadro de exclusión estructural, precariedad y respuestas estatales intermitentes, algunas intervenciones sociales han logrado abrir espacios de contención y oportunidades en Capotillo, especialmente para la niñez y la adolescencia. Entre agosto de 2024 y noviembre de 2025, Save the Children Dominicana desarrolló iniciativas educativas y de protección en los sectores El Túnel y La 42, impactando a 1,777 personas, entre niños, niñas, adolescentes y adultos, de acuerdo con datos presentados por la organización en diciembre de 2025. Los resultados muestran mejoras en habilidades de lectoescritura, aritmética, funcionamiento ejecutivo y competencias socioemocionales, así como un aumento en la percepción de seguridad entre la población participante.
Los programas también evidenciaron avances en ámbitos donde el abandono institucional ha sido históricamente más visible. El 74 % de los niños, niñas y adolescentes que estaban fuera del sistema educativo logró reincorporarse a la educación formal o no formal, mientras que el 92 % de los participantes aprendió a identificar situaciones de violencia o abuso y a activar rutas de ayuda.
Asimismo, se reportaron cambios positivos en adolescentes en términos de resiliencia y autorregulación, así como en las prácticas educativas de docentes vinculados a las iniciativas. Sin embargo, estos logros (aunque relevantes) contrastan con la magnitud de las carencias estructurales del sector, dejando en evidencia que los esfuerzos focalizados de organizaciones sociales, por sí solos, no sustituyen a las políticas públicas capaces de revertir décadas de exclusión.