La fiscal titular de la provincia Duarte, Smaily Yamel Rodríguez, compareció este viernes ante el Tribunal Constitucional (TC), durante una audiencia pública en materia de amparo para conocer un recurso de revisión constitucional relacionado con una decisión judicial que favoreció a un condenado por robo agravado.
El proceso corresponde al expediente TC-05-2023-0240, vinculado con la sentencia núm. 136-2023-SSEN-00035, dictada el 3 de abril de 2023 por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, según informó el alto tribunal mediante una nota de prensa.
Durante la audiencia, el Pleno del TC, encabezado por su presidente, Napoleón R. Estévez, escuchó las intervenciones de la fiscal Rodríguez y del abogado defensor.
En una audiencia anterior, el tribunal había ordenado la conducencia de la representante del Ministerio Público, debido a que no compareció pese a estar debidamente citada, lo que impidió conocer el proceso en esa ocasión.
El artículo 101 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional, establece que el tribunal podrá convocar audiencias públicas en materia de amparo cuando lo considere necesario para una mejor sustanciación del caso.
Origen del conflicto judicial
De acuerdo con el expediente remitido por el Tribunal Constitucional, el caso se originó cuando la Procuraduría Fiscal de Duarte se negó a emitir una autorización para que Jeison López, condenado a diez años de prisión por robo agravado, pudiera pagar una garantía económica de 25,000 pesos.
- La garantía había sido impuesta el 13 de diciembre de 2022, cuando un tribunal varió la prisión preventiva del imputado por una medida que incluía impedimento de salida y presentación periódica.
Ante la negativa de la Fiscalía, la defensa interpuso una acción de amparo, alegando vulneraciones a los derechos a la igualdad, tutela judicial efectiva y debido proceso.
El 3 de abril de 2023, el tribunal acogió el amparo y ordenó autorizar el pago de la garantía, además de imponer una multa coercitiva de 20,000 pesos diarios por incumplimiento.
Posteriormente, el Ministerio Público recurrió la sentencia ante el Tribunal Constitucional, argumentando que ya existía una condena de diez años de prisión contra López que mantenía la medida de coerción.
La Fiscalía solicitó anular la sentencia de amparo y suspender la multa coercitiva hasta que se decidiera el recurso.