El 54.9 % de los niños y niñas de entre 1 y 14 años en República Dominicana fue sometido a algún método de disciplina violenta, pese a que solo el 12.1 % de las madres y personas cuidadoras considera necesario el castigo físico, según datos de la Enogar-Mics 2025 divulgados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
La proporción aumenta al 61.4 % entre los niños de 3 y 4 años, una situación que evidencia la brecha entre las creencias de las personas adultas y sus prácticas de crianza.
Para comprender las razones detrás de esta contradicción, Unicef realizó un estudio cualitativo sobre los determinantes asociados al castigo físico y la violencia psicológica contra niños, niñas y adolescentes en los hogares dominicanos, a partir de entrevistas a 431 personas y del análisis de 110 variables.
La investigación identifica creencias sobre la obediencia, la autoridad adulta y las expectativas sociales como factores que contribuyen a normalizar estas prácticas, incluso cuando representan una vulneración de los derechos de la infancia.
“Todavía existe una idea profundamente arraigada de que para que un niño o niña respete hay que hacerle sentir miedo. El reto es demostrar, desde la familia, la escuela y la comunidad, que poner límites y ejercer autoridad no significa recurrir a la violencia”, afirmó Carlos Carrera, representante de Unicef en República Dominicana.
Creencias que justifican el castigo
Entre los principales hallazgos, el estudio señala que persiste la percepción de que la violencia es una forma válida de corregir o educar. Estas ideas se transmiten entre generaciones y pueden reforzarse por el temor de algunos padres y cuidadores a ser considerados permisivos o incapaces de imponer disciplina.
La ausencia de lesiones visibles y la percepción de que el castigo fue proporcional a la conducta también pueden dificultar que estas prácticas sean reconocidas como formas de violencia.
La investigación recoge el testimonio de un padre que relató cómo recurrió a un cable para castigar físicamente a una niña que se negó a realizar una tarea doméstica. El participante justificó su actuación en la necesidad de establecer respeto y obediencia, vinculando la autoridad paterna con la posibilidad de ejercer castigos físicos.
Para Unicef, este tipo de testimonios evidencia cómo el miedo y el dolor pueden asumirse como herramientas disciplinarias, mientras se dejan de lado otras formas de establecer límites sin violencia.
El informe también advierte que el estrés, el cansancio y la sobrecarga de los cuidados, que suelen recaer sobre las mujeres, pueden dificultar respuestas reflexivas ante los conflictos familiares. A estos factores se suman las experiencias de crianza de los propios adultos, las condiciones de vida y la disponibilidad de apoyo.
Impacto en el desarrollo infantil
Unicef advierte que la exposición a la violencia durante la infancia puede provocar estrés tóxico y afectar el desarrollo cerebral, la salud, el aprendizaje, el bienestar y las oportunidades futuras.
El estudio distingue entre el castigo físico, que utiliza la fuerza para causar dolor o malestar como forma de corrección, y la disciplina violenta, que incluye además agresiones psicológicas, como insultos, amenazas y humillaciones.
Los resultados también indican que la prevalencia de estas prácticas presenta pocas diferencias según la residencia urbana o rural, el nivel de riqueza del hogar o la educación de la madre.
La investigación incorpora un análisis sobre cómo factores como el género, la edad, la discapacidad, las condiciones socioeconómicas y el territorio pueden influir en las experiencias de violencia de niños, niñas y adolescentes.
Recomendaciones para prevenir la violencia
El informe plantea una respuesta coordinada entre el Estado, las instituciones, las comunidades y las familias para reducir las prácticas de disciplina violenta.
Entre las recomendaciones figuran establecer una prohibición expresa del castigo físico y la violencia psicológica en todos los ámbitos, armonizar el marco normativo y promover la crianza respetuosa como política pública.
También propone fortalecer la coordinación entre las instituciones de protección, salud, educación, justicia y asistencia social; mejorar la detección temprana de casos; ampliar el acompañamiento práctico y psicosocial a las familias, y fomentar la corresponsabilidad de los hombres en las tareas de cuidado.
Unicef señala que reconocer los efectos negativos del castigo no garantiza que las personas cuidadoras puedan cambiar sus prácticas. Por ello, considera necesario ofrecer herramientas para manejar conflictos, establecer límites y responder a las distintas etapas del desarrollo infantil.
La organización sostiene que prevenir la violencia requiere transformar las normas sociales que justifican el castigo y garantizar que las familias dispongan de alternativas y apoyo para educar sin recurrir a la agresión.