Dayana Heredia trabajaba como estilista en Ciudad Juan Bosch, en República Dominicana, antes de emprender un viaje irregular con destino a España. Según sus familiares, un grupo de dominicanos vinculado a una red de viajes irregulares que también opera en Colombia le prometió ayudarla a conseguir una mejor vida.
Viajó a Colombia, donde le proporcionaron documentos venezolanos falsos, y luego se trasladó a Venezuela.
La arrestaron el 13 de julio de 2024. Llevaba consigo sus equipos de trabajo, con los que realizaba micropigmentación de cejas y labios. La detención terminó en una condena de 21 años de prisión, luego de que las autoridades le encontraron documentos falsos y la acusaran de tener fotografías de sustancias ilícitas en su teléfono celular.
“Ella no tenía nada en su cuerpo, ni en sus pertenencias. Se basan en unas fotografías en el celular, de las que tampoco tenemos conocimiento si en realidad las tenía”, relata un familiar que pidió mantener su identidad en reserva.
La familia sostiene que existen contradicciones en el proceso judicial.
Según su relato, los agentes que la arrestaron declararon durante el juicio que no encontraron sustancias ilícitas entre sus pertenencias. También le realizaron pruebas en las manos para determinar si tuvo contacto con alguna de ellas. “Todo eso salió negativo y eso lo dice el expediente acusatorio y la misma sentencia”, afirma el allegado, quien considera que el caso no recibió la atención necesaria de parte del Gobierno dominicano.
Condiciones de detención
En un inicio, a Heredia la recluyeron en Santa Bárbara, en el estado venezolano de Zulia. Luego, la movieron al Centro Penitenciario de la Región Andina (Cepra), en el estado Mérida. Sus familiares denuncian que el traslado se produjo sin una orden que les fuera comunicada y sin notificación al abogado.
“La tienen en total hacinamiento. Nos dijeron que se armó un motín en la cárcel en que estaban y a ella y tres presas más las trasladaron”, cuenta la fuente.
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La familia también denuncia presuntas irregularidades en el manejo de las pruebas.
Afirman que funcionarios utilizaron el teléfono en el que dijeron que encontraron las fotografías para hacer llamadas, lo que, a su juicio, compromete la evidencia presentada contra Heredia. “Gastamos muchísimo dinero en abogados privados. Todo en dólares. Fuimos víctimas de extorsión de los mismos funcionarios”, indica el pariente.
A las denuncias sobre el proceso se suma la preocupación por su estado de salud. Según sus familiares, Heredia presenta problemas renales y no recibe suficiente agua. Su abogado solicitó que la llevaran a un hospital, pero, según el allegado, no atendieron la petición.
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La familia acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 10 de agosto de 2026, el organismo adoptó la Resolución 63/2026, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Heredia y otros dos detenidos.
La Comisión consideró que la dominicana se encontraba en una situación de gravedad y urgencia, con sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud en riesgo de sufrir un daño irreparable. “Dada su condición de personas extranjeras privadas de libertad en Venezuela, las limitaciones para mantener contacto con sus familiares, la falta de atención médica para sus afectaciones físicas y psicológicas, las condiciones de detención, así como la alegada situación de indefensión, existe la posibilidad de que se materialice el riesgo en cualquier momento”, advirtió la entidad.
La CIDH también señaló que no recibió información del Estado que permitiera conocer las acciones adoptadas para atender o mitigar la situación de riesgo.
Búsqueda de asistencia consular
Desde la detención, los familiares aseguran que buscaron ayuda en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según su testimonio, acudieron al área de Protección a Nacionales y recibieron como respuesta que no había relaciones diplomáticas con Venezuela. “Nos sentimos abandonados de parte de Cancillería, porque no nos brindaron la asistencia. No pedimos que le exijan a Venezuela que liberen a Dayana, sino que investiguen que se lleve el debido proceso”, expresa el allegado.
La familia afirma que también dirigió una solicitud al entonces canciller Roberto Álvarez, sin obtener los resultados esperados. Durante ese período, un vicecónsul en Venezuela, Isidro Castillo, les habría ayudado a canalizar información sobre el caso. “Ese mismo informe ellos lo pasaban a Cancillería, pero en estos dos años nunca contactaron a ninguna autoridad venezolana con relación a ese caso para verificar cuáles son las condiciones en la que está Dayana detenida o de qué se le acusa”.
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Tras la difusión de un video en el que Heredia pide ayuda al presidente Luis Abinader para salir de prisión, la familia asegura que recibió el acercamiento del nuevo cónsul dominicano en Venezuela, Héctor Pastor Vázquez. Debido a las restricciones de comunicación, los allegados dicen que dependen de otras personas con familiares recluidos en el mismo centro para hacerle llegar dinero, alimentos y productos de higiene.
- Según explican, Heredia no puede realizar llamadas con regularidad y aprovechó la visita de otras reclusas para enviar el video que circuló en redes sociales.
La familia también afirma que, durante el proceso, dos abogados les solicitaron 15,000 dólares para realizar supuestas negociaciones con jueces a fin de conseguir su libertad. “Nos pedían 15,000 dólares para hacer negociaciones con los jueces para dejarla libre. Nunca accedimos a eso porque entendíamos que ella era inocente y que nosotros no teníamos por qué pagar”.
Mientras esperan respuestas sobre el caso, los familiares denuncian que afrontan el proceso sin suficiente orientación institucional.