El Gobierno dominicano enumeró este jueves las acciones implementadas para combatir la trata de personas, tras publicarse el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre este delito, que mantiene al país en el Nivel 2.
El informe, que examina las medidas legislativas y operativas adoptadas por las autoridades, señala que aunque el país está «realizando esfuerzos significativos», todavía no «no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas».
No obstante, el documento reconoce que el Gobierno dominicano «demostró un aumento general en sus esfuerzos en comparación con el período del informe anterior».
En una nota de prensa, el Gobierno resaltó como uno de los principales avances la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, para eliminar el requisito de demostrar fuerza, fraude o coacción en los casos de trata que involucran a menores de edad, especialmente aquellos relacionados con la explotación sexual.
También destacó la aprobación y asignación de recursos del presupuesto nacional para la ejecución del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028.
Medidas anunciadas
Entre las medidas adoptadas figura la Resolución 13-2024, que establece un procedimiento para entregar tarjetas de identificación a personas apátridas.
Según el comunicado, durante el proceso de modificación de la Ley 137-03 se realizaron consultas con organizaciones de la sociedad civil y sobrevivientes de trata de personas.
Las autoridades también resaltaron la aplicación del artículo 25 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que contempla penas de entre 20 y 30 años de prisión por la entrega o explotación de menores de edad.
En materia de persecución penal, el Gobierno destacó la apertura de 229 investigaciones por trata de personas durante 2024 y el procesamiento de 50 sospechosos bajo la legislación especial.
Asimismo, resaltó la investigación de ocho funcionarios por su presunta complicidad en estos delitos, de los cuales tres fueron sometidos a procesos judiciales, incluidos miembros de organismos de seguridad.
- En el ámbito laboral, el Ministerio de Trabajo reportó 1,050 inspecciones en sectores considerados vulnerables, como la agricultura, la construcción y la industria azucarera.
El Gobierno dijo que estas intervenciones permitieron suspender las actividades de 11 empresas privadas tras detectarse indicios de trabajo forzoso.
De igual manera, mediante un programa piloto de registro migratorio, más de 7,400 trabajadores fueron formalizados a través de contratos laborales, una medida orientada a reducir su vulnerabilidad frente a posibles situaciones de explotación.
Asistencia a 324 víctimas
En cuanto a la asistencia, las autoridades reportaron la identificación de 136 víctimas de trata de personas, de las cuales 134 recibieron atención financiada por el Estado, incluyendo servicios médicos, psicológicos, asesoría legal y traducción.
Señalaron que la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) coordinaron el funcionamiento de refugios especializados y las medidas de protección a víctimas y testigos durante los procesos judiciales.
Cuentas pendientes
Pese a los avances reconocidos, el informe del Departamento de Estado estadounidense advierte deficiencias en la persecución de la trata de personas, particularmente en los casos de explotación laboral.
El documento señala que las autoridades concentraron gran parte de sus recursos en la investigación de la trata sexual en zonas urbanas, mientras que los esfuerzos para detectar y perseguir el trabajo forzoso en áreas rurales y sectores como la agricultura y la construcción continuaron siendo insuficientes.
«Los esfuerzos para investigar casos de trata laboral e identificar a las víctimas de trata laboral siguieron siendo insuficientes, incluso en sectores con riesgos conocidos de trabajo forzoso. El Gobierno investigó menos casos de trata e identificó menos víctimas de trabajo forzoso«, señala el informe estadounidense.
- El documento también identifica deficiencias en los mecanismos de asistencia y protección, entre ellas la ausencia de refugios o servicios especializados para hombres víctimas de trata y las restricciones a la movilidad sin supervisión de mujeres alojadas en albergues.
A estas limitaciones se suma la falta de garantías legales suficientes para evitar que las víctimas extranjeras sean sancionadas por actos ilícitos cometidos como consecuencia directa de su explotación.
En cuanto a las inspecciones laborales, el informe advierte que los inspectores continuaron concentrándose en la detección del trabajo infantil, «por ser más fácil de detectar, descuidando la identificación sistemática del trabajo forzoso en adultos».
Otra de las preocupaciones señaladas es la lenta expansión del programa piloto destinado a proporcionar contratos numerados a trabajadores migrantes.