En menos de un mes, tres violentos episodios ocurridos en viviendas o en sus inmediaciones han colocado nuevamente la inseguridad en la conversación pública: un joven perseguido y apuñalado hasta el interior de su edificio en Serrallés, el asalto en la residencia del merenguero Julián Oro Duro en el que fue asesinada su esposa y, más recientemente, la entrada de un hombre a la casa del actor Kenny Grullón.
Los tres casos tienen una característica que amplifica su impacto más allá de las estadísticas: ocurrieron en espacios que las víctimas podían considerar protegidos —sus viviendas o edificios residenciales— y alcanzaron una amplia difusión pública por la notoriedad de los afectados, la violencia empleada y, en algunos casos, las imágenes captadas por cámaras de seguridad.
Esa sucesión de hechos alimenta una percepción de inseguridad que el propio Gobierno reconoce que todavía persiste, aunque los números oficiales presentan una realidad diferente: menos homicidios y una reducción considerable de los robos reportados.
Al 25 de septiembre, la Policía Nacional situaba la tasa acumulada de homicidios en 7.36 por cada 100,000 habitantes, un 15.8 % por debajo del mismo período de 2025 y un 44.2 % inferior a 2022. Para septiembre, hasta ese corte, las autoridades contabilizaban 3,504 robos, frente a 5,891 durante igual período del año pasado, una disminución de 40.5 %.
Los tres casos de alto impacto exponen la distancia entre los indicadores que presentan las autoridades y lo que una parte de la población percibe cuando conoce o experimenta determinados delitos.
Faride reconoce la brecha
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, abordó precisamente esa diferencia el pasado 28 de septiembre, durante La Agenda Semanal.
“Los datos y la percepción en este caso no se contradicen, sino que miden cosas distintas”, sostuvo.
Raful reconoció que persiste una percepción de inseguridad pese a la reducción de los homicidios y explicó que la sensación de los ciudadanos está condicionada por sus experiencias cotidianas.
“La percepción también está marcada por la experiencia cotidiana de cada ciudadano en las calles”, indicó.
La funcionaria mencionó específicamente los robos, los conflictos en los barrios y otras situaciones que experimentan directamente los ciudadanos como elementos que terminan influyendo en cómo evalúan su seguridad.
Los acontecimientos de las últimas semanas encajan precisamente en esa dimensión.
El ataque de Serrallés
La madrugada del 12 de septiembre, Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, regresaba a su residencia en Serrallés cuando fue seguido por un hombre que se desplazaba en motocicleta.
El joven intentó refugiarse en el edificio, pero el agresor entró detrás de él. Durante el ataque recibió nueve heridas de arma blanca que afectaron varios órganos y obligaron a una intervención quirúrgica de aproximadamente seis horas. Parte de la persecución quedó registrada por cámaras de vigilancia.
La Policía apresó posteriormente a Jhonny González, de 41 años, señalado como responsable del hecho. Las autoridades dijeron que tenía múltiples registros por robos, asaltos y narcotráfico. El Ministerio Público lo imputó por tentativa de homicidio para cometer robo agravado.
El presidente Luis Abinader reaccionó directamente al caso.
“Hay dos casos que se han presentado este fin de semana. Hay uno que ya se capturó a uno de los victimarios, en el caso del joven Mejía-Ricart”, dijo entonces.
El mandatario agregó que las autoridades continuarían persiguiendo a quienes cometan delitos y sostuvo que “la Policía va a dar con ellos”.
La esposa de Julián Oro Duro
Ocho días después del ataque de Serrallés ocurrió un hecho de mayor gravedad.
Entre la tarde del 20 y la madrugada del 21 de septiembre, hombres penetraron a la residencia del merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, “Julián Oro Duro”, en Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este.
Su esposa, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, fue asesinada dentro de la vivienda, mientras que el artista fue golpeado y sufrió lesiones craneofaciales. Según el expediente presentado posteriormente por el Ministerio Público, los responsables habrían sustraído alrededor de US$50,000 y varias prendas.
La Policía informó posteriormente que recuperó US$33,690 y RD$196,500, además de relojes, cadenas y otras pertenencias, y apresó a cuatro personas vinculadas al hecho.
Un tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva a los cuatro imputados.
El caso tuvo un impacto adicional porque el ataque ocurrió dentro de una vivienda protegida por rejas, puertas y portones de hierro. Las investigaciones establecieron posteriormente que al menos uno de los acusados era conocido por la familia y habría aprovechado esa confianza para acceder a la residencia.
Kenny Grullón, el caso más reciente
La preocupación volvió a colocarse esta semana sobre viviendas del Distrito Nacional con el asalto contra el actor y humorista Kenny Grullón.
Un hombre entró a su residencia en la Zona Universitaria y sustrajo un teléfono celular y un anillo. La esposa del artista, Ana Rossina Troncoso, describió posteriormente lo ocurrido como una situación de “gran angustia” y confirmó que los integrantes de la familia estaban a salvo, aunque hubo pérdidas materiales y lesiones físicas menores.
Este sábado, la Policía informó el apresamiento en Haina de Yefry Manuel Jiménez, conocido como “Babo” o “Jefry”, a quien señala como presunto autor del asalto.
Según el informe policial, durante las investigaciones fueron recuperados el anillo de matrimonio y el teléfono celular pertenecientes al actor.
Más de 53,000 órdenes pendientes
La Policía presentó una nueva base de datos con 53,877 órdenes de arresto pendientes de ejecución.
Del total, 17,635 órdenes están relacionadas con violencia intrafamiliar; 11,587 con robos; 5,951 con agresiones físicas; 4,018 con agresiones sexuales; 2,761 con delitos cibernéticos y 2,681 con homicidios. La institución identificó además a 73 personas que acumulan múltiples órdenes de arresto.
Percepción ya estaba presente
La preocupación ciudadana por la delincuencia tampoco comenzó con estos tres casos.
Una encuesta de ACD Media realizada entre el 2 y el 4 de julio situó la delincuencia y la inseguridad entre los tres principales problemas del país para el 42.8 % de los consultados, solo detrás del costo de la vida, que alcanzó el 62 %.
No existe todavía una medición pública posterior a los ataques de Serrallés, Julián Oro Duro y Kenny Grullón que permita establecer cuánto ha variado esa percepción como consecuencia directa de estos acontecimientos.
Los registros oficiales muestran que los homicidios y los robos reportados han disminuido. Utilizar tres casos particulares para sostener que la criminalidad nacional está aumentando ignoraría esos datos.
Pero la reducción estadística tampoco garantiza una disminución automática de la percepción de inseguridad.