Un total de 150 vehículos que no pudieron ser localizados físicamente, bienes muebles no ubicados y deficiencias en el control de activos de la institución son algunas de los principales hallazgos de la última auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) a la Dirección General de Migración (DGM).
El informe, correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2025, también identificó 50 procesos de compras y contrataciones, por alrededor de 553 millones de pesos, que no estaban incluidos en el Plan Anual de Compras y Contrataciones.
Las observaciones abarcan, además, el manejo de las nóminas fuera del sistema institucional, asignaciones de combustible por encima de los límites de la ley y cuentas por pagar con varios años de antigüedad.
La Contraloría acreditó en sus reportes que la mayoría de las anomalías detectadas permanece en proceso de subsanación, mientras otras fueron corregidas después de la auditoría.
Vehículos no localizados
De la lista de incongruencias detectadas por el órgano fiscalizador en la DGM, resaltan las del parque vehicular. Durante la inspección física, los auditores no pudieron localizar ni identificar 150 vehículos registrados a nombre de la institución ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). El texto no afirma, sin embargo, que esos vehículos hayan sido sustraídos.
Se trata de motocicletas, autobuses, camiones y camionetas y yipetas.
La Contraloría mantiene esta observación en proceso de subsanación. El informe también determinó que la administración saliente no realizó una entrega física y formal de los bienes de propiedad, planta y equipo a las nuevas autoridades.
A esto se suman 149 activos fijos que figuraban en los registros contables, pero que no fueron encontrados en las ubicaciones indicadas. Entre estos bienes había desde equipo de defensa y mobiliario hasta generación eléctrica y bienes artísticos.
La auditoría examinó, además, una muestra de 420 activos que sí fueron localizados. De estos, 263 no tenían la etiqueta o codificación oficial de Bienes Nacionales.
- Aunque la entidad no realizó defensa a la inobservancia, ambas observaciones continúan clasificadas en proceso de subsanación.
Los auditores también identificaron tres vehículos dados de baja en los registros contables que seguían incluidos en la póliza de seguro de la institución. Este caso fue subsanado luego de que Migración presentara una nota de crédito de Seguros Reservas que acreditaba la cancelación.
Compras fuera del plan
Durante el período auditado, la DGM realizó 1,270 procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios. La Contraloría seleccionó una muestra de 229 procedimientos para su revisión.
De esa muestra, 50 procesos, por un monto conjunto de cerca de 553 millones de pesos, no estaban contemplados en el Plan Anual de Compras y Contrataciones de la institución.
Migración explicó que esas adquisiciones respondieron a necesidades extraordinarias, entre ellas la incorporación de 750 nuevos agentes migratorios y la habilitación de oficinas provinciales luego de disposiciones del Poder Ejecutivo.
Tras evaluar la documentación presentada por la institución, la Contraloría clasificó este hallazgo como subsanado con posterioridad al informe.
Fallas en nóminas y asignaciones
La auditoría determinó que las nóminas de Migración no estaban registradas en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP). En su lugar, la institución utilizaba el sistema interno DOM-02 debido a diferencias entre su estructura organizativa y la registrada oficialmente.
Esta observación continúa en proceso de subsanación. La auditoría también encontró que 30 colaboradores recibieron asignaciones de combustible superiores al límite equivalente al 10 % de sus salarios. El monto pagado por encima de ese límite ascendió a 93,500 pesos. La Contraloría mantiene este hallazgo en proceso de subsanación.
Ejecución presupuestaria
La Contraloría también examinó una diferencia entre el presupuesto asignado y el monto ejecutado por Migración durante el período evaluado.
De una asignación de 15,826.7 millones de pesos, la institución había devengado 13,975.4 millones, lo que inicialmente reflejaba una diferencia de 1,851.3 millones de pesos.
Migración presentó documentación para demostrar que unos 1,136 millones de pesos correspondían a licitaciones y servicios contratados al cierre de determinados ejercicios y pagados posteriormente.
Luego de las verificaciones, la Contraloría estableció en 715.3 millones pesos el saldo neto de la diferencia presupuestaria y clasificó el hallazgo como subsanado con posterioridad al informe.
Cuentas por pagar
El informe también identificó 3.5 millones pesos en cuentas pendientes de pago a proveedores con antigüedad superior a dos años. Algunas de estas obligaciones alcanzaban hasta 11 años. La observación permanece en proceso de subsanación mientras se realizan los trámites para transferir estas obligaciones a Deuda Pública.