El sistema de justicia dominicano ha registrado avances en su capacidad para resolver casos, reducir mora y digitalizar procesos, pero estas mejoras todavía no se traducen necesariamente en un acceso efectivo y equitativo para todas las personas, de acuerdo con el Informe de Justicia y Desarrollo Humano en la República Dominicana 2026, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que fue presentado la tarde de este martes.
El estudio, titulado Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible, plantea que la eficiencia institucional constituye una condición necesaria para mejorar el acceso a la justicia, pero no es suficiente por sí sola.
- El informe identifica barreras económicas, territoriales, procedimentales, digitales y socioculturales que pueden dificultar que una persona inicie, comprenda y sostenga un proceso judicial hasta obtener una respuesta.
El documento fue presentado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), actividad a la que asistió el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos; y el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán.
Durante la presentación, la representante residente del PNUD en República Dominicana, Ana María Díaz, destacó los avances registrados por el sistema judicial y llamó a continuar trabajando para que se traduzcan en un acceso efectivo y equitativo.
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“Los datos muestran una justicia que avanza: hoy el sistema alcanza una capacidad resolutiva promedio de 94,9 %, se han firmado digitalmente más de tres millones de documentos y aproximadamente el 66 % de los trámites se procesa de manera electrónica”, señaló Díaz, según la nota de prensa difundida por el PNUD.
La representante residente agregó que el desafío consiste en consolidar estos avances para que sus resultados lleguen a todas las personas y territorios.
Más casos resueltos, pero también aumenta la demanda
El informe registra un crecimiento importante en el volumen de asuntos resueltos por el Poder Judicial. Entre 2021 y 2025, los casos resueltos pasaron de 452,869 a más de 1.1 millones.
Durante ese mismo período, la entrada de casos también aumentó, de 498,722 en 2021 a más de 1.1 millones en 2025. El PNUD señala que esta dinámica refleja una mayor capacidad de respuesta, pero también una presión estructural sostenida sobre el sistema.
La tasa de resolución de los asuntos judiciales pasó de 90.8 % en 2021 a 98.4 % en 2025, según los datos analizados por el PNUD. El organismo advierte, sin embargo, que una mayor cantidad de casos resueltos o una mejor tasa de resolución no equivalen por sí mismos a un acceso efectivo a la justicia.
Los indicadores de productividad permiten medir la capacidad operativa del sistema, pero no reflejan por completo aspectos como la calidad de las decisiones, la comprensión del proceso, el trato recibido, la satisfacción de los usuarios o la distribución territorial de los beneficios de la mejora institucional.
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El tiempo y los costos, entre las principales barreras
La encuesta exploratoria realizada por el PNUD a 89 personas usuarias del sistema de justicia encontró que el 39.3 % reportó haber enfrentado dificultades o barreras durante su proceso judicial.
Es un levantamiento no probabilístico y de carácter exploratorio, por lo que sus resultados no son representativos de toda la población dominicana.
Entre quienes reportaron dificultades, las principales fueron las demoras y tiempos excesivos, mencionadas por el 63 %; los gastos legales o costos del proceso, con 46 %; los problemas relacionados con la calidad de la atención, con 26 %; y la distancia o dificultades de traslado, también con 26 %.
El PNUD señala que estas barreras pueden aparecer antes de iniciar un proceso, durante su tramitación o en la capacidad de una persona para sostenerlo hasta obtener una respuesta.
La demora, por ejemplo, no representa únicamente un problema de gestión institucional. Para personas con menos recursos, empleos informales, menor disponibilidad de tiempo o redes de apoyo limitadas, cada traslado, reenvío o espera puede significar gastos adicionales, pérdida de ingresos y, en algunos casos, abandono del proceso.
La brecha digital persiste
La transformación digital constituye otro de los avances destacados por el informe. El Poder Judicial ha incorporado expedientes electrónicos, firma digital, audiencias virtuales y otros mecanismos destinados a facilitar la continuidad y el seguimiento de los procesos.
En 2025, la primera fase de la denominada “Mudanza Digital” alcanzó un 91.8 % de gestiones en línea en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa, de acuerdo con el informe.
Sin embargo, el PNUD advierte que disponer de herramientas digitales no significa necesariamente que estas sean utilizadas por la ciudadanía.
De las 89 personas consultadas, 70.8 % dijo que no sabía que existía un sistema en línea para consultar el estado de su caso, citas, audiencias o requisitos de trámites judiciales. Otro 20.2 % conocía el sistema, pero no lo había utilizado, mientras que apenas el 9 % afirmó conocerlo y utilizarlo.
El desconocimiento fue especialmente marcado entre personas con menor nivel de escolaridad, según la desagregación presentada en el estudio.
Por ello, el informe plantea que la digitalización debe estar acompañada de orientación presencial, información pública y mecanismos de apoyo para quienes no cuentan con conectividad, dispositivos o suficientes habilidades digitales.
Diferencias territoriales
El acceso a la justicia tampoco se presenta de la misma manera en todo el territorio nacional.
Los datos correspondientes a 2025 muestran que el Distrito Nacional registró una tasa de 2,689.1 expedientes ingresados por cada 10,000 habitantes, frente a 600.5 en Barahona y 316.0 en Santiago.
El PNUD advierte que estas diferencias no deben interpretarse únicamente como una medida de mayor o menor conflictividad. También pueden estar relacionadas con la concentración institucional, la densidad económica, la capacidad de registro, los patrones de litigiosidad y la posibilidad o disposición de las personas de acudir al sistema formal.
El informe sostiene que el territorio condiciona aspectos como los costos de traslado, el acceso a información, la representación y la posibilidad de sostener un proceso judicial.
El Rule of Law Index 2025, del World Justice Project, colocó a República Dominicana en el puesto 76 de 143 países, diez posiciones por encima de la ubicación anterior, y registró una mejora de 2.1 % en su puntuación general.
Asimismo, el informe cita datos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), según los cuales entre 2023 y 2024 el país redujo en 30 % su tasa de congestión judicial y alcanzó una tasa de resolución de 0.97.
En una encuesta exploratoria del PNUD realizada a profesionales del derecho, el 75 % identificó el desconocimiento de los derechos como una de las principales barreras que enfrentan las personas usuarias; el 70 % señaló el desconocimiento de los servicios en línea, mientras que el 51 % mencionó los costos procesales y el 47 % la duración de los procesos.
Una justicia centrada en las personas
A partir de estos hallazgos, el PNUD propone analizar la justicia desde una perspectiva centrada en las personas, en lugar de medir sus avances únicamente mediante infraestructura, procesos internos o indicadores de eficiencia.
El informe organiza su análisis en tres dimensiones: una justicia habilitadora, orientada a remover barreras y ampliar capacidades; una justicia resiliente, relacionada con la continuidad del servicio, la transformación digital y los riesgos emergentes; y una justicia adaptativa, que reconoce las distintas condiciones y vulnerabilidades de las personas que utilizan el sistema.
El documento plantea que la mejora administrativa debe convertirse en capacidades reales para la ciudadanía. Esto implica que la eficiencia procesal y la modernización tecnológica deben estar acompañadas de menor desigualdad en el acceso, mayor comprensión de los procedimientos, protección efectiva de las personas vulnerables, seguridad jurídica y confianza pública.
El PNUD propone 11 rutas de acción, entre ellas llevar los servicios a los territorios donde más se necesitan, utilizar información en lenguaje claro, fortalecer la mediación y conciliación, combinar herramientas digitales con apoyo presencial, mejorar la coordinación entre instituciones y ampliar las medidas de protección para poblaciones en situación de vulnerabilidad.