El coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, destacó que, según el Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi), en lo que va de 2026 unas 1,100 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito, mientras que más de 30,800 han resultado lesionadas. Estos hechos representan un costo cercano al 2.2 % del producto interno bruto (PIB) nacional.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la Reunión Ministerial de Alto Nivel de Articulación de Acciones por la Seguridad Vial, en la que el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, destacó que en 2025 el país registró alrededor de 2,996 muertes por accidentes de tránsito.

“Unos 1,995 dominicanos fallecieron mientras utilizaban motocicletas. No podemos permitir que esta situación siga ocurriendo, porque alrededor del 70 % de esas muertes se debió a la falta de uso de un casco protector o a la utilización de uno inadecuado, que no les brindó protección”, agregó.

Morrison resaltó que hace varios meses entró en vigor la normativa sobre el uso de cascos homologados para motociclistas.

Dijo que la institución trabaja de manera coordinada con las asociaciones de distribuidores y comercializadores de motocicletas para asegurar que cada unidad sea entregada con su casco protector.

Explicó, existe un consenso para evitar la venta de motocicletas sin este equipo de seguridad, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la protección de los conductores.

Medidas y programas

Ambos funcionarios coincidieron en que el objetivo es reducir a la mitad las muertes por siniestros viales para 2030.

Morrison dijo que hace alrededor de dos meses se firmó un acuerdo con el Ministerio de Educación para que, a partir del próximo año escolar, se comience a impartir educación vial desde el bachillerato.

“La semana pasada fueron graduados los primeros bachilleres de dos liceos del sistema público, uno en Azua y otro en Santo Domingo. Los estudiantes recibieron un certificado como guardianes del tránsito y su carné de aprendizaje, tras aprobar todos los exámenes teóricos requeridos antes de iniciar el proceso”, afirmó.

El programa Entornos Escolares Seguros, desarrollado junto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contempla la realización de levantamientos técnicos para intervenir 287 centros educativos, según el Intrant.

Además, 14 instituciones suscribieron un acuerdo para fortalecer la recopilación, el análisis y el intercambio de datos sobre siniestralidad vial, con el propósito de consolidar un sistema nacional de información que respalde la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

Cerca de 1,000 personas han sido certificadas en habilidades blandas para la conducción; 30,000 estudiantes de sexto de secundaria fueron evaluados tras completar su formación en educación vial; 275 agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) recibieron capacitación sobre la normativa técnica de cascos homologados, y más de 30 fueron entrenados en el uso de alcoholímetros.

Reacción institucional

En materia de prevención y control, la República Dominicana ha realizado más de 55,000 pruebas de alcoholemia en coordinación con la Digesett.

Además, el país priorizó 25 puntos críticos de siniestralidad para su intervención e inició el Plan de Reducción de Velocidad con la instalación del primer reductor tipo speed table en el Malecón de Santo Domingo.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, dijo que la seguridad vial no es únicamente un asunto relacionado con el transporte o las calles, sino también un importante desafío de salud pública.

Reconoció que cada siniestro de tránsito puede representar una emergencia médica, una discapacidad permanente y, en muchas ocasiones, la pérdida de una vida. También puede provocar que familias dejen de percibir ingresos, que niños pierdan a sus padres y que recursos públicos que podrían destinarse a fortalecer la prevención, ampliar la cobertura sanitaria o atender otras prioridades nacionales deban utilizarse para responder a sus consecuencias.

Exhortó a elevar los estándares de seguridad vial y del transporte, lo que, a su juicio, implica garantizar el mantenimiento preventivo de los vehículos, el control de la velocidad, la aptitud de los conductores y una política de tolerancia cero frente al consumo de alcohol y otras sustancias que afecten la capacidad para conducir.

Dijo que el Ministerio de Salud está fortaleciendo la Red Nacional de Trauma. Manifestó que, de los dos hospitales traumatológicos existentes, se pasará a disponer de entre seis y siete centros, con el objetivo de que cada paciente llegue al establecimiento adecuado en el menor tiempo posible.

Además, puntualizó que se está impulsando el Programa de Prevención de Lesiones y Violencia y fortaleciendo la vigilancia epidemiológica para determinar dónde ocurren los siniestros y orientar las políticas públicas de prevención.

El evento se celebró en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) y contó con la participación del viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, en representación del canciller Roberto Álvarez, así como del enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, Jean Todt.

También estuvieron presentes representantes del Sistema de las Naciones Unidas, de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), ministros del Gobierno dominicano y especialistas internacionales.