Los familiares de Miguel Antonio Valenzuela Lucas, conocido como “Miguelito”, quien falleció tras pasar cinco días detenidos en un destacamento de San Cristóbal, solicitaron este lunes a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, que designe un equipo independiente para investigar las circunstancias en las que murió el hombre de 44 años después de permanecer varios días bajo custodia en San Cristóbal.
Acompañados de sus abogados y representantes de organizaciones de derechos humanos, los parientes acudieron a la sede de la Procuraduría General de la República, donde depositaron una instancia en la que cuestionan la actuación de las autoridades locales y reclaman una investigación “exhaustiva, imparcial e independiente”.
Los abogados explicaron que la familia no confía en que la Fiscalía de San Cristóbal pueda conducir una investigación objetiva sobre el caso, por lo que solicitaron la intervención directa de la procuradora.
“La situación es que hoy estamos aquí solicitando a la magistrada Yeni Berenice Reynoso que designe un equipo médico forense ajeno a la Fiscalía de San Cristóbal, ya que no tenemos garantías de que en San Cristóbal se realice una investigación independiente”, expresaron.
Valenzuela fue detenido el 8 de julio y trasladado al destacamento policial conocido como “La 17”. Según informaciones ofrecidas previamente por el Ministerio Público, fue puesto en libertad el 13 de julio, cuando sus familiares lo trasladaron al Hospital Regional Juan Pablo Pina debido a que se encontraba sin fuerzas.
Los representantes legales sostienen que permaneció aproximadamente 100 horas y media detenido antes de ser presentado ante un juez, pese a que la Constitución establece un plazo máximo de 48 horas.
“Se le violaron todos sus derechos fundamentales y todas las disposiciones legales”, afirmaron.
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Familia cuestiona diagnóstico de leptospirosis
La Fiscalía de San Cristóbal informó previamente que el resultado preliminar de la autopsia vinculó la muerte de Valenzuela con una leptospirosis que le habría provocado trombocitopenia, condición caracterizada por una disminución anormal de las plaquetas.
La versión fue rechazada por los familiares, quienes presentaron los resultados de unos análisis realizados el 13 de julio por un laboratorio médico privado, horas antes del fallecimiento.
De acuerdo con el abogado Carlos Rodríguez, familiar y representante legal, la prueba de Leptospira IgM arrojó un resultado de 2.57. El rango de referencia mostrado por la familia establece que los valores inferiores a nueve son considerados negativos.
“Esto demuestra la falsedad de la versión ofrecida por la Fiscalía”, sostuvo Rodríguez.
El abogado agregó que los análisis también arrojaron un resultado negativo para dengue.
Sin embargo, el Ministerio Público había informado que durante la autopsia se detectaron alteraciones orgánicas propias de un proceso inflamatorio y que una prueba de laboratorio resultó positiva para leptospirosis.
La discrepancia entre ambos resultados forma parte de los aspectos que la familia exige esclarecer mediante nuevos análisis practicados por especialistas ajenos a las autoridades de San Cristóbal.
Los abogados también manifestaron sospechas porque, según alegaron, antes de que los resultados preliminares fueran divulgados oficialmente ya circulaba en la provincia la versión de que Valenzuela había muerto por una bacteria.
“En la provincia, incluso antes de que se conocieran oficialmente esos resultados, ya se decía que Miguelito había muerto por una bacteria”, señalaron.
Denuncian presuntas torturas
Los familiares aseguran que, antes de morir, Valenzuela les relató que había sido golpeado y torturado durante el tiempo que permaneció bajo custodia policial.
Miguel Maldonado Lucas, padre del fallecido, declaró que su hijo le confesó que un agente policial lo golpeaba presuntamente con una media llena de arena.
La hermana de Valenzuela, Claridania Lucas, afirmó que recibió un relato similar mientras lo acompañaba en el Hospital Regional Juan Pablo Pina.
Según explicó, su hermano le contó que había sido golpeado y tratado “como un delincuente”. La familia asegura disponer de videos tomados mientras permanecía en una camilla, en los que, según su versión, se observan lesiones en su cuerpo.
“Estas denuncias deben ser investigadas de manera seria, objetiva y con todas las garantías del debido proceso”, afirmaron los abogados.
El representante del Comité de Derechos Humanos de San Cristóbal, Jonathan Báez, también rechazó la versión preliminar sobre la leptospirosis y atribuyó la muerte a las supuestas agresiones sufridas durante la detención.
“Él murió a consecuencia de todas las agresiones que recibió en el destacamento policial”, declaró Báez, una afirmación que deberá ser determinada por las investigaciones correspondientes.
El activista consideró que las instituciones del Estado deben asumir las responsabilidades que eventualmente establezcan las pesquisas y evitar atribuir el fallecimiento a causas que, según sostuvo, no coinciden con los análisis presentados por la familia.
Piden investigar a policías y fiscales
Los parientes solicitaron que se investigue la actuación del agente policial José Luis Lorenzo, a quien vinculan con los presuntos golpes denunciados por Valenzuela antes de morir.
También reclamaron que se examinen las actuaciones de representantes del Ministerio Público que participaron en el proceso, debido a la cantidad de horas que el hombre permaneció detenido antes de ser llevado ante un tribunal.
En las declaraciones ofrecidas por los familiares y sus abogados se mencionaron los nombres de las fiscales Ramona Santana Uceta y Ana Vásquez. Las autoridades deberán establecer cuál fue la participación de cada una y si existieron acciones u omisiones que pudieran comprometer alguna responsabilidad.
La familia también presentó una evaluación médica realizada el 8 de julio en el Hospital Regional Juan Pablo Pina, antes de que Valenzuela fuera ingresado al destacamento. Según sus abogados, el documento establece que no presentaba lesiones por agresión en ese momento.
Los parientes consideran que ese informe debe compararse con las condiciones físicas que mostraba el hombre cuando salió bajo custodia y fue llevado nuevamente al hospital.
Valenzuela presentó dificultad para respirar, erupciones generalizadas, puntos rojos en la piel y hemorragia conjuntival. Fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos y posteriormente sufrió un paro cardiorrespiratorio que no pudo ser revertido.
Los familiares protestaron frente a la Procuraduría para exigir justicia y solicitaron que las autoridades no encubran a ninguna persona que pudiera tener responsabilidad en lo ocurrido.
La familia espera ahora que la Procuraduría General decida si designará un equipo externo para revisar la autopsia, los análisis clínicos, las condiciones de la detención y las actuaciones de los agentes policiales y fiscales vinculados con el caso.