La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) postergó para el 14 de julio, a las 11:00 de la mañana, el conocimiento de la audiencia de la querella por difamación e injuria sometida por el abogado Carlos Balcácer contra la titular de la Procuraduría Especial de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz.
Los jueces acogieron una solicitud que hizo el abogado Pedro Germán que asistió a la vista en representación de Balcácer y dijo que este se encontraba este martes en la corte de La Vega.
Los magistrados Francisco Jerez Mena, Fran Soto, María Garabito y Yorlin Vásquez tomaron la decisión por ser esta segunda fallida audiencia parte de la primera fase del caso de acción privada que enfrenta al jurista y a la directora de la Pepca.
La primera vista se prorrogó para este martes porque Ortiz asistió sin abogado que la representara.
Incidente previo al aplazamiento
A la petición de aplazamiento a los jueces, por parte del abogado de Balcácer, el defensor público que la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) dispuso para Ortiz, Ernesto Cuevas, se opuso.
Pedro Germán, abogado de Balcácer, cuestionó que la defensa de Mirna se opusiera a la solicitud de aplazamiento cuando dijo que ellos no rechazaron la que se hizo en la primera audiencia.
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Afirmó, además, que la ley de la ONDP no faculta a esa institución para defender personas con salarios como el que posee la titular de la Pepca.
Según dijo, la ONDP solo debe representar a personas “en un alto estado de vulnerabilidad económica” y que Mirna Ortiz es “una procuradora de alto prestigio”, que devenga “un sueldo de cierta importancia y tiene la capacidad económica para pagar un abogado”.
Tras la decisión de la SCJ, Cuevas adelantó a la prensa que profundizarán en el análisis de la acusación para poder hacer una estrategia de defensa efectiva a favor de la representante del Ministerio Público.
La querella
Balcácer interpuso una querella de difamación e injuria contra la directora de la Pepca por alegadamente acusarlo de lucir desorganizado en las audiencias y obstruir el desarrollo del juicio de fondo que se conoce contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez.
El jurista solicita una indemnización de 25 millones de pesos por daños y perjuicios porque, según afirma, con las declaraciones de Ortiz a la prensa, se daña su reputación ante sus clientes.