Santo Domingo Este ha experimentado un gran auge en los últimos años, que se ha traducido en inversión para la modernización de la infraestructura urbana, proyectos a favor del turismo y las actividades comerciales. El municipio ha demostrado aspirar a un crecimiento sostenible y constante en el tiempo.

A pesar de esto, muchos problemas antiguos continúan vigentes. Por ejemplo, las aceras son obstaculizadas por estacionamientos para particulares o negocios, mercados improvisados, talleres de autos y basureros.

Por si esto fuera poco, muchas de las aceras se encuentran en muy mal estado, repletas de huecos, charcos, y rocas, lo que representa un peligro para el transeúnte y dificulta caminar por las mismas, complicando aún más el proceso, si se trata de una persona con discapacidad.

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Aceras ocupadas

El artículo 237 de la Ley 63-17 sobre movilidad y tránsito establece específicamente que no se puede estacionar vehículos sobre una acera, dentro de un cruce, en un paso de peatones o cerca de hidrantes, entre otros lugares.

Las sanciones incluyen multas desde uno hasta 10 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción. A pesar de esto, muchas de las aceras de este  municipio funcionan como parqueos tanto de particulares como de establecimientos comerciales. 

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Locales comerciales informales y talleres

Según los datos del Banco Central de la República Dominicana, la informalidad laboral en el país rondaba el 54.2 % al cierre de 2025.

Estos datos quedan demostrados cuando se da un paseo a través de Santo Domingo Este, ya que las aceras son usadas para instalar negocios informales, como talleres de autos, “tiendas” callejeras y venta de alimentos. 

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La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) tiene la responsabilidad de evitar obstrucciones en la vía pública, mientras que a los ayuntamientos les corresponde velar por el uso adecuado de las aceras. La Ley 176-07 faculta a los cabildos para dictar ordenanzas sobre tránsito y estacionamiento.

Esta ley también califica como infracción muy grave el impedir que otra persona utilice un espacio público o deteriorarlo y lo castiga con multas que oscilan entre cinco y 100 salarios mínimos.

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